A más de 40 días de que se produjera el estallido social en demandas de soluciones a los problemas que afectan a gran parte de la población y la nula respuesta del Gobierno y de la elite política, el ministro de Defensa, Alberto Espina, sale a defender la presencia de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la infraestructura crítica y apunta a la presencia de grupos extranjeros como responsables de la violencia desatada en Chile tras las manifestaciones que se iniciaron el pasado 18 de octubre.

Así lo plantea en una entrevista con El Mercurio, oportunidad en que expresa su confianza en que la violencia cederá terreno luego del llamado al diálogo por la paz que permitió fijar una “hoja de ruta” para elaborar un proceso constituyente para una nueva Carta Magna.

“Tenemos la confianza que cederá”, señala con optimismo el secretario de Estado, pero deja en claro que “el Gobierno tiene la responsabilidad de usar todos los instrumentos que la Constitución y la ley le dan para controlar el ataque más brutal que nuestro país ha recibido desde el retorno de la democracia en el metro, buses, centros de abastecimiento, aeropuertos, saqueos e incendios”.

“El deber del Gobierno es estar preparado para enfrentar a estos grupos con todo el peso de la ley, como se hace en muchos países del mundo”, arguye.

Sin embargo, admite la falencia y fragilidad en la inteligencia interna, por lo que expuso que desde hace más de un año existe un proyecto de ley en el Congreso para modernizarla y “si se hubiera aprobado, quizás habríamos tenido herramientas para prevenir este ataque”.

Con respecto a los violentos hechos que se han venido produciendo desde el estallido social, Espina sostiene tener la “convicción de que estos ataques brutales fueron debidamente planificados por organizaciones criminales, como grupos anarquistas, traficantes de droga, bandas delictuales. Tenemos mucha información que está en pleno desarrollo y señala la posibilidad de otros grupos o factores”.

Y apunta directamente a grupos extranjeros detrás de la ola de violencia que ha azotado al país y así lo expone al mencionar que “tenemos información que, desde otros países, a través de miles de tuits, Instagram, han llamado a afectar gravemente la seguridad del país. Tengo deber de secreto respecto de la información que recibo como ministro de Defensa”.

Y ante la insistencia de haber recibido información de posibles acciones violentas que se preparaban antes de la crisis, Espina dice que “ninguna. Nosotros no tuvimos ninguna señal. Había todo un plan de seguridad encabezado por el Ministerio del Interior, con colaboración de las FF.AA., las medidas correctas de acuerdo a la información que se tenía. Obviamente hay una falencia de inteligencia enorme, pero nuestro deber como gobierno no es quedarnos en el diagnóstico y la ANI está haciendo cambios de fondo que permitirán progresivamente contar con un servicio de inteligencia de alto nivel”.

“La información de inteligencia que le he entregado al Presidente es secreta, pero puedo afirmar que esto no fue aislado. Chile ha recibido un ataque de organizaciones criminales con un poder de daño gigantesco y estamos trabajando fuertemente para obtener toda la información, se ha avanzado para lograr identificar a los cabecillas, no puedo dar más detalles”, menciona Espina.

El ministro de Defensa también cuestiona al Poder Judicial y al Poder Legislativo, del cual fue parte como Senador, de no elaborar leyes y aplicarlas como debe ser en casos de delitos y violencia como los registrados en las últimas semanas.

“Hace mucho tiempo que en Chile ha habido una permisividad enorme con la delincuencia, la sensación es que se podían cometer cualquier delito y la gente queda libre, muchas leyes que habrían ayudado a que los delincuentes permanecieran en la cárcel se demoran años, los hechos de violencia ocurridos en el Instituto Nacional durante meses van generando un clima negativo”, afirma.

Espina también se manifiesta a favor que los militares resguarden la infraestructura crítica del país, pero que es necesario “tener claridad de las reglas de uso de la fuerza que son las normas bajo las cuales las FF.AA. tienen que actuar en un estado de emergencia para restablecer el orden público. Las que hay datan de 2012 y atendían estados de catástrofe, había que adecuarlas porque el país no tenía estado de emergencia desde 1990”.