Si bien agradeció a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que aceptara la invitación del gobierno para visitar Chile en medio de la crisis social, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, precisó que «creemos que es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas, contienen información errada o les falta información actualizada».

Asimismo, «junto con recibir el informe de la ACNUDH y tomar debida nota de aquél, el Gobierno ha estimado relevante haber hecho las precisiones respecto de aspectos que no compartimos de este Informe, que también son explicadas en mayor detalle en el comunicado de prensa escrito que fue publicado esta mañana«.

Sobre las recomendaciones que se entregan a través del informe, la subsecretaria recalcó que «reiteramos nuestra disposición a acoger todo aquello que tenga como objetivo mejorar prácticas en materia de Derechos Humanos, su resguardo y protección, siendo estos una prioridad irrenunciable para el Estado y nuestro Gobierno», añadiendo que «es por ello que valoraremos la colaboración y asesoría que la ACNUDH pueda brindar a nuestro Estado en su implementación y de esa forma, profundizar en las medidas que ya hemos tomado y seguiremos aplicando con el fin de asegurar el resguardo de los derechos y libertades de todas las personas en Chile».

En relación al detalle del informe, la autoridad manifestó que el gobierno ha tomado nota de las recomendaciones que se hacen, precisando que algunas de ellas, como las referidas a Carabineros, ya están siendo implementadas y otras están siendo estudiadas, destacando además que «queremos lamentar profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la Alta Comisionada que estuvo en nuestro país. Cada una de ellas está siendo o será investigada por el Ministerio Público y será sancionada de acuerdo a que determinen los tribunales de justicia».

En ese sentido, dijo que el gobierno lamenta «cada pérdida de vida y cada lesión que ha sufrido alguna persona en estas complejas semanas de crisis social. Queremos reiterar nuestra condena a cualquier vulneración de los DD.HH.», poniendo énfasis en que «no habrá impunidad».

Respuesta oficial del gobierno al Informe ONU

En su respuesta oficial al informe, el gobierno señaló que “en el día de hoy, la OACNUDH ha publicado el Informe de su visita, del cual tomamos debida nota, cuyas recomendaciones acogemos y estudiaremos con particular atención”.

En ese contexto, indicó que “es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas o contienen información errada”.

Así, detalla lo siguiente en relación al informe, a contar del punto 6 de la respuesta oficial:

6.1 Muertes: en relación a la afirmación de 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, cabe señalar que de esas 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el Informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público.

6.2 Lesiones Oculares: el Informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador. Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuáles 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad.  Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos.

6.3 Ejecuciones Extrajudiciales: no corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente.

6.4 Libertad de la Prensa y Defensores de Derechos Humanos: el informe no entrega antecedentes que demuestren la existencia de represalias o restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos y al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, por parte del Estado. Por el contrario, la colaboración ha sido total y permanente, lo cual ha sido públicamente reconocido por las instituciones involucradas. El funcionamiento de los medios escritos radiales y de televisión dan cuenta de una amplia y libre cobertura de los hechos. Durante los 7 días en que hubo toques de queda, 1411 salvoconductos fueron entregados al INDH, 1082 a abogados y 1746 a periodistas para desempeñar su labor.

6.5 Hostigamiento a Líderes Estudiantiles: el Informe hace referencia a un único caso, que corresponde a una estudiante aprehendida por el quebrantamiento del toque de queda, no existiendo antecedentes que permitan afirmar que existió hostigamiento.

6.6 Personas Detenidas: el Informe señala que muchos de ellos son “jóvenes sin antecedentes penales”. Al respecto, cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad. El Informe se refiere a detenciones indiscriminadas y arbitrarias. Al respecto, cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia.

A continuación, el gobierno concluye que “en algunos casos, el Informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país. En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”.

Finalmente, a través del documento, el gobierno “agradece a la OACNUDH por la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil. Las orientaciones y recomendaciones OACNUDH son bienvenidas, ya que tienen como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, siendo estos una prioridad para el Estado de Chile. Sus recomendaciones contribuirán al análisis integral a que estamos abocados, en esta importante materia”.

Lea el documento íntegro de la réplica oficial del Gobierno de Chile al Informe de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Chile

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