¿República Parlamentaria en marcha? Gobierno pierde poder ante un empoderado Congreso dominado por la oposición

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La crisis social y política que estalló el 18 de octubre tomó con absoluta sorpresa a un gobierno que hasta esa fecha estaba cada vez más satisfecho con el realineamiento de su agenda luego de un período crítico a mediados de año. Las cifras de crecimiento de agosto y septiembre eran un buen aliciente, que se desmoronó ese 18 de octubre. Desde ahí, el gobierno perdió el control de todas las agendas y entró en una espiral de crisis permanente, virtualmente corriendo detrás del tren de los sucesos tratando de no quedarse atrás “llegando tarde a todas las estaciones2.

El mayor trastorno para la administración Piñera sería, por una parte, convertirse en un ente reactivo ante los hechos, exigencias ciudadanas e intentos de solución, y por otra el hacerle zancadillas a sus propios anuncios de agendas social, crecimiento y anti abusos, con un acento constante, prioritario y casi majadero en su política de seguridad.

Con su aprobación por los subterráneos (Llegó a marcar 9% de aprobación), el Gobierno fue incapaz de articular una mesa de negociación para buscar caminos que permitieran solucionar la crisis, tanto porque el movimiento en las calles no tenía liderazgos visibles, como porque la oposición estaba deslegitimada por las protestas, y los equipos político y económico encabezados por Chadwick y Larraín respectivamente, eran vistos como parte integral del problema y no como agentes facilitadores de solución. Ello llevó a que el 28 de octubre, el Presidente concretara el tercer cambio de gabinete de su mandato, obligado a sacrificar a su primo y más cercano colaborador, Andrés Chadwick.

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Con la entrada de Gonzalo Blumel e Ignacio Briones a la cabeza de sus dos equipos ministeriales críticos, Piñera esperaba recuperar el control de la agenda para aplacar la crisis nacional y reafirmar su poder.

Los partidos se rearticulan

La carpeta de tareas urgentes que recibió el flamante nuevo ministro del interior implicaban un trabajo hercúleo para aunar voluntades. Una sucesión de reuniones con figuras del sector privado, líderes partidistas, ex mandatarios, entre muchos, permitió hacerse una idea general del panorama pero, por otro lado, alargó en demasía (otra vez) la presentación de primeras propuestas concretas, panorama empeorado por las acusaciones de violaciones a los DDHH por parte de Carabineros y las FF.AA., que desviaban en momentos claves la atención de un gobierno que volvía a centrarse en una agenda de seguridad y dejaba escapar de sus manos el dominio de alternativas que ayudaran a la solución. Ejemplo de esto último fue lo sucedido con los cabildos ciudadanos que debía liderar el ministro de de Desarrollo Social y Familia​, Sebastián Sichel, pero que se llevó adelante con tanta lentitud que los municipios, universidades y juntas de vecinos tomaron la delantera, concretada en la consulta ciudadana del próximo 15 de diciembre. De la serie de cabildos impulsados por el gobierno apenas se ha tenido noticia.

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En este hiatus, los partidos políticos vieron la oportunidad de reposicionar su papel en la crisis a través de sus parlamentarios. La irrupción de acusaciones constitucionales en contra del Presidente y del ex ministro Chadwick fueron parte de esta reacción, mientras que los partidos comenzaban en los pasillos del Congreso una serie de reuniones con el fin de discutir en un primer momento las lentas propuestas del gobierno para luego, en medio de la progresiva desestabilización nacional por saqueos y enfrentamientos callejeros permanentes, además de iniciar la articulación un gran acuerdo político que entregara el mínimo de estabilidad necesaria para trabajar en vías de solución.

Pese a que el gobierno invitó y se reunió con los líderes de los partidos de la oposición, manteniendo la coordinación con las tiendas de Chile Vamos, la imagen prevaleciente fue que el primer acuerdo real en pos de buscar recuperar la normalidad del país se lograría en los pasillos y salones del Congreso, con parlamentarios de prácticamente todo el espectro político siendo testigos de la firma de acuerdo en la madrugada del 15 de noviembre. El gobierno nuevamente sólo pudo reaccionar ante este hecho, aplaudiendo, pero incapaz de aportar realmente a las negociaciones, lo que marcó definitivamente otro precedente: el éxito de las propuestas del Ejecutivo dependería en definitiva de los acuerdos con las bancadas parlamentarias, marcando el fracaso de un equipo político ministerial al que, si bien se le reconoce su mayor apertura a conversar con todo el espectro de partidos y organismos, ya no ha podido tomar la delantera propositiva en medio de la crisis.

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De hecho, la reunión sostenida por Blumel con el capítulo sindical de la Mesa de Unidad Social en La Moneda el 28 de noviembre, dejó una negativa impresión para los esfuerzos del gobierno, con líderes sindicales exhibiendo en los patios del palacio presidencial banderas negras, parches en los ojos y declarando que ellos no habían venido a escuchar ni negociar, sólo a notificar que esperaban respuesta a sus exigencias. Ánimo muy distinto que el vivido el pasado lunes 2 de diciembre a la salida de una maratónica reunión de los mismos dirigentes, esta vez con los presidentes del Senado Jaime Quintana, y de la Cámara, Iván Flores, en la que ambas partes se mostraron satisfechas con la acogida, temas planteados y compromisos para avanzar en propuestas.

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Por otra parte, por el lado oficialista, son los partidos de Chile Vamos los que han tomado la batuta de transmitir al Congreso las intenciones de La Moneda, complementando con mayor eficacia al atribulado (por el exceso de gestiones en paralelo que debe acometer) Blumel, y desde otra perspectiva, transmitir al gobierno qué se discute en el parlamento. Las autoridades, según fuentes de Palacio, están cada vez más entregando recomendaciones más que persistir en imponer su visión, tarea que están descubriendo que es cada vez más tortuosa.

¿La hora del cambio?

Sin el poder real de liderar cambios producto de sus propios tropiezos, la administración Piñera se vio obligada a apostar por mostrar avances concretos que sustenten su discurso de estar trabajando en pos de solucionar la crisis social y las exigencias de la ciudadanía. Y para ello necesita desesperadamente que el Congreso evacue con prontitud sus proyectos. Y el Parlamento se ha hace querer a su ritmo, aprovechando demoras, pasos en falso y, como no, la obcecación de La Moneda en priorizar su agenda de seguridad, mantener al general Director de Carabineros en su cargo pese a la avalancha de críticas.

Aún así, La Moneda parecía haber encontrado por fin un espacio de tranquilidad este fin de semana. El pasado viernes pudo ser testigo de cómo los partidos se entrampaban en la comisión técnica que aborda las propuestas para  la constituyente del próximo año, mientras la cantidad de hechos violentos parecían estar remitiendo, mientras se preparaba en un nuevo escalón de anuncios presidenciales, esta vez en torno a la llamada Agenda Anti Abusos, que sería presentada por el propio Presidente Piñera por medio de una cadena nacional grabada el lunes 9 en la noche.

Se unía además a lo anterior los anuncios que haría el martes a primera hora sobre Derechos Humanos en el marco de la conmemoración de su día internacional, y luego su viaje para asistir a la ceremonia de cambio de mando presidencial en Argentina, un gesto tanto para su amigo Mauricio Macri como para el mandatario entrante en la Casa Rosada, Alberto Fernández.

Todo comenzó a desmoronarse ese mismo lunes, cuando durante las primeras horas de la noche casi en paralelo a la cadena nacional, se conocía la desaparición de un avión FACh que se dirigía a la Antártida con  38 ocupantes a bordo, hecho que minimizó en la agenda noticiosa sus anuncios de ese día. Más aún, lo obligó a suspender su viaje a Buenos Aires para centrarse en el monitoreo del accidente aéreo.

La sucesión de golpes empeorarían a contar del martes, con anuncios sobre DDHH de escasa trascendencia, y con el súbito recordatorio que la antigua viga maestra del gobierno, Andrés Chadwick, vivía los embates de una acusación constitucional en el Senado que terminaría condenándolo al ostracismo político por los próximos 5 años. De nada valió el miércoles 11, el despliegue masivo del comité político en el Congreso, que dejó una vez más en evidencia la débil defensa basada en discursos casi monotemático centrados en la seguridad (entendida en la visión de los pasillos de La Moneda, en la que las culpas recaen fuera de Palacio).

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Ese mismo miércoles, sería el turno de la Cámara de Diputados de dar un duro golpe por partida doble: la comisión especial encabezada por el DC Daniel Verdessi aprobó la procedencia del libelo acusatorio contra el Mandatario, mientras que en las primeras horas de la noche rechazaba el proyecto de reajuste del sector público en el que el ministro de Hacienda se había afanado con especial atención durante las últimas dos semanas, habiendo logrado la aceptación de 10 de los 16 gremios sindicales. Con este rechazo de la idea de legislar por parte de la Sala de la Cámara, el Presidente de la República deberá presentar una insistencia ante el Senado, la cual requiere de la aprobación de 2/3 de sus integrantes.

Lo sucedido este jueves 12 en el pleno de la Cámara, nuevamente con el pleno de ministros del área política desplegados, con negociaciones durante el desarrollo de la sesión, y que culminaron con el rechazo de la acusación constitucional en contra de Piñera, significó un triunfo marginal, que permite endulzar apenas los paladares del gobierno, pese a la desaforada celebración de ministros y diputados oficialistas en la Sala de la Cámara en Valparaíso.

Hasta última hora, la voluntad y proyección de la actual administración una vez más dependieron de la decisión que se adoptó al interior del Poder Legislativo el cual, aprovechando la crisis nacional y la confusión del gobierno, parece decidido a girar a la República -buscando apoyarse en el anunciado y esperado cambio de la actual constitución- nuevamente hacia el Parlamentarismo.

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