Este miércoles se cumplen dos meses desde que se produjo el estallido social, el pasado 18 de octubre, cuando los estudiantes decidieron evadir el pago del Metro tras el aumento del precio del valor de pasaje en 30 pesos. Este descontento se propagó rápidamente al resto de la sociedad que salió a las calles a expresar el malestar por el “abuso” y remover las bases del sistema económico y político que ha estado vigente en el país desde hace más de 30 años tras el retorno de la democracia.

Las consignas de las masivas manifestaciones en Santiago, que eligieron la Plaza Italia como centro de reunión, apuntaban a mejores las pensiones, eliminar las cuestionadas AFP, mejorar la salud, educación como también salarios dignos, entre otros. Sin embargo, uno de los principales cánticos que se escuchaban en las protestas era hacer una nueva Constitución a través de una Asamblea Constitucional y eliminar la de 1980, la cual es considerada como piedra de tope para poder hacer los cambios y una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.

La ciudadanía que se tomó las calles para expresar el descontento, provocaron un radical cambio de agenda del Gobierno y el discurso que traía, puesto que después de varias jornadas violentas donde se saquearon y quemaron supermercados como también varias estaciones del Metro, el Ejecutivo tuvo que salir al paso y dio a conocer varias reformas en una “agenda social” que fue presentada el 22 de octubre.

Sin embargo, luego de la violencia desatada esos primeros días, la autoridad también lanzó la “agenda de seguridad” que apuntaba a discutir leyes inmediatas con nombres rimbombantes como “anticapucha”, “antisaqueo” o “antibarricadas, lo cual provocó aún más el malestar de la gente que la consideran como un recurso para “criminalizar la manifestación social”.

A pesar de esta “batería” de leyes que buscaban detener el estallido social, la ciudadanía continuó expresando su descontento en las calles y como es habitual, siguieron las manifestaciones en distintos puntos del país y en especial en Plaza Italia que fue bautizada como “Plaza de la Dignidad”.

Incluso, las marchas y protestas hicieron tambalear al Gobierno y en especial a la clase política, que en las primeras semanas del “estallido” no atinaban a dar soluciones a las demandas ciudadanas, demostrando la calidad de la elite que nos gobierna

Ante esta constante ola de violencia, el Ejecutivo decidió decretar Estado de Emergencia y sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para poder restablecer el orden público, dando inicio a un sinnúmero de situaciones que llevaron a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a señalar, a través de varios informes, la violación reiterada de los derechos humanos.

Incluso, la institución que se derrumbó en las distintas encuestas que se han hecho hasta la fecha fue Carabineros, a quien la gente apunta como los principales responsables de la “represión ejercida contra el pueblo”.

Además, a los hechos ocurridos en todo el país, el Gobierno tuvo la obligación de cambiar gabinete, suspender dos eventos internacionales importantes como la APEC y la COP25 y enfrentar el derrumbe de la economía, la que se vio afectada por la gran cantidad de locales comerciales cerrados por los constantes saqueos y el temor a que fueran quemados por turbas como el alza del dólar.

Fue la noche del 15 de noviembre cuando la clase política logró llegar a un acuerdo para realizar un proceso constituyente, el cual estableció un plebiscito de entrada y rectificatorio que permita elaborar una nueva Carta Magna y dejar la de 1980 (considerada como herencia de la dictadura) a un lado.

A pesar del alto costo humano, con detenidos, golpeados, pérdida de ojos, fallecidos, quemados por la acción de lacrimógenas y carros lanzaaguas, la clase política y el Gobierno no han entregado soluciones concretas a las peticiones ciudadanas que permitan hacer cambios estructurales al sistema, por lo que a dos meses del estallido social no se vislumbran respuestas.