El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró acorde a la Constitución Política la moción levantada desde la Cámara de Diputados que permite ampliar el periodo de trabajo de los ministros de Apelaciones en la Corte Marcial.
El proyecto, ya tramitado por el Congreso, queda así a la espera de que se redacte la sentencia -lo cual ocurrirá «en los próximos días», según informó el TC-, y se promulgue como ley.
La resolución del Pleno del TC, sobre este control de constitucionalidad, fue solicitado por el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, el pasado 30 de diciembre.
Así, puesto en conocimiento del Pleno la mencionada iniciativa legal, se resolvió que la modificación introducida al Código de Justicia Militar abarca el ámbito de la ley orgánica constitucional y, luego, llamado el Tribunal a pronunciarse respecto de la constitucionalidad de la norma, ésta fue declarada conforme con la Constitución», indicó este miércoles el organismo a través de un comunicado.
El proyecto, generado en vista del trabajo de la ministra en visita Romy Rutherford para indagar a miembros del Ejército por casos de presunta corrupción -y donde incluso ha procesado a ex altos mandos de la institución armada, entre ellos los ex comandantes en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo-, prevé aumentar el plazo actual de tres años dado para quien ejerce el cargo. Según el proyecto aprobado por el Congreso, se debería agregar la posibilidad de que la Suprema extienda hasta por dos años adicionales la gestión, principalmente en casos en los que el ministro en cuestión «se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público».
La decisión de este miércoles da luz verde a la promulgación de ley, situación que ya era mirada de reojo por la Corte Suprema, desde hace dos semanas. El 30 de diciembre, el pleno le renovó la exclusividad absoluta en la causa, hasta marzo, pero de promulgarse la ley, esta facultad podría extenderse en un año, según conversaron los ministros durante dicha jornada.
De esta forma. ya promulgado como ley, será la Suprema, con previo acuerdo de Pleno, la que deberá ponderar si aplicarlo a la ministra o no.
El caso Rutherford
Aun cuando a la fecha Romy Rutherford ya suma más de 30 aristas y ha procesado a decenas de ex y actuales uniformados, su período como ministra en visita cesará en los próximos meses, debiendo nombrarse a nuevo ministro, quien seguirá con las indagatorias contra el Ejército.
Por lo anterior, sumado al interés de algunos parlamentarios de que sea ella quien continúe con el proceso, es que se impulsó este proyecto.
Previamente, el máximo tribunal del país había catalogado al proyecto como «un ajuste improvisado que no se hace cargo del problema de fondo», asegurando que el periodo de tres años «parece un adecuado equilibrio entre estabilidad de los criterios jurisprudenciales y la distribución equilibrada de la carga de trabajo». Así también, se cuestionó la intención de extender el tiempo en base a un caso en particular, sin resolver los problemas que, a juicio de la Suprema, acarrea la Justicia Militar.
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