La visita in loco que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó este viernes el lapidario informe sobre derechos humanos en Chile, indicando que en el país se vive una “grave crisis” en esta materia tras el estallido social del pasado 18 de octubre.

La presidenta de CIDH, Esmeralda Arosemena, dijo tajante que “quiero reconocer que fue una conquista de la sociedad chilena, quiero además partir de una idea central que tiene la comisión, que es el reconocimiento que hoy Chile vive una situación de grave crisis en materia de Derechos Humano”.

Asimismo, la representante del organismo internacional hizo un reconocimiento “a los jóvenes, a los estudiantes que han dado con su vos muestra de que tenemos la expectativa de una lucha por las transformaciones de las sociedades, que sean más justas, equitativas y respetando la dignidad de todos”.

El duro informe del CIDH se suma a los otros reportes de organismos internacionales y coinciden con la existencia de violación a los derechos humanos del país por parte de agentes de Estado.

En ese sentido, se condena el “alto número de violaciones de derechos humanos e insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia identificar y sancionar a los responsables”.

También reconoce la existencia de una sociedad civil “vibrante y consciente de sus derechos, en un país donde hay deudas históricas en materia de derechos humanos”, añadiendo que existe una “perpetuidad de la impunidad que afecta a toda la sociedad”.

Asimismo, la CIDH explica que la crisis que vive el país se produce por los “niveles de desigualdad”, colocando como ejemplo el tema de los profesores pensionado o los habitantes de las denominadas “zonas de sacrificio”.

“Chile ha realizado importantes esfuerzos para incrementar el ingreso económico familiar, pero persisten una pluralidad de problemáticas asociadas a procesos estructurales y obstáculos tanto prácticos como jurídicos para la efectiva realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entre ellos, destaca la insuficiencia de regulación y control de las actividades empresariales que afectan derechos sociales y ambientales”, se menciona en el informe.

Asimismo, el organismo reconoció la existencia de manifestaciones violentas, a pesar que resaltó el reconocimiento que la “protestas social es legítima cuando se desarrolla en forma pacífica”.

A renglón seguido citó los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica para explicar que el Estado ha reaccionado con “represión y uso desproporcionado de la fuerza”, añadiendo que ha habido prácticas repetitivas como es el caso de las detenciones masivas, el uso de perdigones y gases lacrimógenos que son disparados al cuerpo de los manifestantes.

El organismo internacional también cuestionó el envío del Gobierno de proyectos de ley que endurecen las penas, afirmando que “no es aceptable el incremento de la criminalización y adoptar medidas que representen una reducción de espacios para la manifestación popular”.

Finalmente, el CIDH apunta a algunas recomendaciones como realizar una reforma a Carabineros con apego a los derechos humanos, una reparación integral para evitar víctimas de violencia ejercida por agentes del Estado y evitar tipos penales espurios para procesos penales que se enmarquen en el contexto de las manifestaciones.

Hay que consignar que al inicio de la entrega del informe, la delegación realizó un minuto de silencio por las “víctimas, las familias de los fallecidos, por los heridos, los detenidos, las violadas y a los que han perdido el importante sentido de la vista”.

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