Tras conocerse el , Carabineros reaccionó a través de un comunicado de prensa en el que señala: «Carabineros valora las observaciones realizadas por el ente contralor, iniciándose las acciones administrativas correctivas, que serán presentadas en un plan de avance que dé cuenta de aquellas implementadas y en ejecución, además de una hoja de ruta respecto de aquellas que no estén consideradas en el proceso de modernización institucional».

La cuestionada institución policial –agobiada por las denuncias de abuso y violaciones a los DDHH durante estos cuatro meses de protestas– agrega que: “se trata de auditorías relativas a hechos previos a julio de 2018, y que ese mismo año y en 2019 ya se adoptaron diversas medidas de mayor control y resguardo de los recursos, a las que se sumarán otras modificaciones planificadas para este año”.

Además, sostienen que estas auitorías «generan actos de revisión, verificación y transparencia de nuestros procesos financieros y contables, permitiendo mejorar la eficiencia en estas áreas» y asegura que «se han adoptado nuevos mecanismos regulados por la Contraloría General de la República, incorporando
mejoras al proceso de cobro. Respecto al pago de viáticos, se están validando los antecedentes con la finalidad de establecer reintegros y disponer eventuales actos administrativos, investigaciones o sumarios».

En relación al manejo de fondos públicos en cuentas corrientes internas, indicaron que «se han regularizado 36 cuentas corrientes internas y se solicitó el cierre de otras 42 sin uso, habiéndose informado de estos procesos a la CGR».