Este jueves Amnistía Internacional (AI) dio a conocer públicamente su informe “Los derechos humanos en las Américas: retrospectiva 2019”, que aborda en el capítulo dedicado a Chile, el escenario nacional sobre esta materia durante el pasado año, con un especial hincapié en los sucesos desde del 18 de octubre, aunque sin dejar de lado otros temas como los derechos de la mujer, temas medioambientales y el caso del pueblo mapuche.

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Así, en una conferencia de prensa encabezada por la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, y el vocero institucional Roberto Morales, se señaló tajantemente que “Chile cerró el año 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura cívico militar del general Augusto Pinochet”. 

En ese sentido, Roberto Morales, vocero de la organización, recordó el trabajo realizado por la comitiva internacional que viajó al país en noviembre pasado y que concluyó que existía un”uso excesivo de la fuerza con la intención de dañar y castigar a la población que se manifestaba y la intención de las fuerzas seguridad de lesionar para desincentivar protesta”.

Detalló en este punto que “desde el estallido social se generó una grave situación en el ámbito de los Derechos Humanos. (…) Hubo muchos casos de torturas y maltratos, violencia sexual, uso de armas letales, uso indiscriminado de armas menos letales como perdigones y balines, uso de gases lacrimógenos, y ataques a observadores, periodistas y fotógrafos que cubrían la protesta social”.

En este nuevo informe, actualizando la información recogida durante el año pasado, incluyendo los resultados obtenidos tras la visita de un equipo especializado de Amnistía a Chile, entre el 28 de octubre y el 21 de noviembre de 2019, Amnistía resumió las cifras de este período de crisis social hasta finales de 2019: 31 muertes ocurridas en el contexto de las manifestaciones sociales, cuatro de las cuales tuvieron la participación directa de agentes del Estado y otras dos sucedieron bajo custodia policial. Asimismo, recoge que el Ministerio de Salud registró más de 13 mil personas heridas durante los dos primeros meses de protestas, y la Fiscalía Nacional, que registra 2.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos y, de acuerdo con los números de Carabineros, se han registrado 2.000 uniformados lesionados.

«El informe anual tiene una mirada de todas las Américas y el panorama es desalentador. Millones de personas echaron a las calles para protestar contra la violencia, desigualdad, corrupción e impunidad», agregó Morales.

Al abordar la situación nacional por su parte, Ana Piquer comentó que «Chile, a través de las decisiones del Presidente Piñera y su gobierno, se ha sumado a la lista de los gobiernos intolerantes y con tendencia autoritaria».

Además, destacó que con el inicio de la crisis el pasado 18 de octubre, «la deuda sólo ha crecido, y mucho. No hay un control del orden público efectivo. Los hechos de violencia, como saqueos o incendios, siguen produciéndose, a veces ni siquiera claramente vinculados con manifestaciones».

La directora ejecutiva agregó que lo anterior, “no es el único tema en materia de derechos humanos que se ha venido criticando en la situación en Chile”. 

Así, puso de relieve los temas pendientes sobre violaciones a los DD.HH. durante el Gobierno Militar: “es necesario no perder de vista que hay cosas que siguen pasando y que es necesario seguir abordando. En materia de impunidad siempre es importante recordar que siguen existiendo deudas en torno a la verdad, justicia y reparación por las gravísimas violaciones de derechos humanos en dictadura”, dijo al respecto.

En ese sentido, precisó que “esa impunidad del pasado no queda en el pasado, porque de alguna manera es también lo que nos lleva a no hacernos cargo de esa historia y a ser hoy día víctimas de violaciones de derechos humanos muy graves (…) es importante que los delitos que se están cometiendo hoy no queden impunes“.

Finalmente, también señaló que entre otros grupos que también han sido víctimas de estas vulneraciones también se encuentran los defensores comunidades indígenas y del medioambiente, así como la falta de soluciones para zonas de sacrificio y la criminalización al pueblo mapuche.