Por medio de una declaración pública, diversas organizaciones de militares y policías en retiro dieron a conocer su total rechazo al anuncio hecho este lunes por el Presidente de la República acerca de la concesión de medidas paliativas para personas encarceladas de la tercera edad en el el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus, las cuales no se harán extensivas a quienes hubiesen cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

El texto es firmado por la Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las FFAA, Carabineros, Policía de Investigaciones y Montepiadas, la Unión de Cursos Militares, la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, el Centro de Coroneles del Ejército, la Asociación de Oficiales de la Armada, el Círculo de Coroneles de Carabineros, la ONG Cruzada por la Reconciliación Nacional, el Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de la FF.AA., y el Cuerpo de Suboficiales Mayores del Ejército.

Las organizaciones señalaron que rechazan “esta nueva discriminación, arbitrariedad y atropello al principio de igualdad ante la ley que este gobierno pretende infligir a militares y policías en condición de retiro, adultos mayores, que actualmente se encuentran cumpliendo condenas por supuestos delitos mañosamente llamados de lesa humanidad, que no lo son, en las cárceles de Punta Peuco, Colina 1, San Joaquín y otros recintos carcelarios del país”.

Asimismo, indican que “esos adultos mayores ya discriminados por un sistema abyecto, ahora el gobierno -con la antes citada iniciativa legal- los deja al margen de una posibilidad de resguardar su salud e integridad física, ante los efectos devastadores de esta pandemia que está afectando con mayor gravedad y letalidad a ese sector etario de la población”.

Más aún, recalcan que “con esta medida, el gobierno una vez más demuestra el desprecio total por los uniformados retirados del servicio activo, los cuales en una situación de grave crisis terminal para la nación que nunca buscaron ni menos alentaron, tuvieron que actuar para el bien sus conciudadanos, llamados a ello por diversas instituciones como el Congreso.

Por lo mismo, y de acuerdo a lo anterior, anuncian que “hemos iniciado el estudio de acciones legales a nivel nacional e internacional que nos permitan revertir esta ilegal y deleznable decisión del gobierno del presidente Piñera y su Ministro de Justicia”.

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