Un completo rechazo plantearon este viernes diversos centros de estudios de la oposición al convenio firmado esta semana entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (Sename), por lo que pidieron a las autoridades de Gobierno a dejarlo sin efecto.

A través de un comunicado, la Fundación Por la Democracia (FPD), el Instituto Igualdad y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) llamaron a “Hernán Larrain, Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Gonzalo Blumel, Ministro del Interior y Seguridad Pública, a gobernar respetando el principio del Interés Superior del Niño, y a dejar sin efecto este convenio, por representar una grave vulneración a los derechos humanos fundamentales de la niñez y adolescencia, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente en Chile, y en el marco normativo nacional vigente”.

“En efecto, este convenio estigmatiza y discrimina a los niños, niñas y adolescentes en protección del Estado y los pone bajo sospecha; vulnera su derecho a la vida privada y a su intimidad; Fundamentan este llamado, los contundentes pronunciamientos de entidades autónomas expertas en la materia, como: la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el INDH y el Consejo para la Transparencia, siendo éste último, cuerpo colegiado pluralista cuyos integrantes profesan distintos pensamientos políticos, y que es concluyente al establecer que el convenio entre SENAME y la ANI “no se ajusta a la garantía constitucional de protección de datos en niños, niñas y adolescentes”, lo que reafirma una vez más que la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, es un asunto de Estado y no responde a posiciones políticas o creencias de ningún orden”, precisan.

Además, instaron al mundo político y parlamentario a darle la “debida prioridad y relevancia al proceso de tramitación legislativa que busca instalar un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y que constituye el marco general imprescindible para asegurar la protección integral de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes y que, por lo mismo, debe preceder a la reforma del SENAME, pues en caso contrario los nuevos servicios que se crearán para remplazarlo reiterarán las lógicas de funcionamiento que han provocado la crisis por todos conocida”.

En ese sentido, precisan que “la falta de una mirada de Estado en el reconocimiento efectivo de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es lo que ha permitido que se apliquen, con toda libertad y respaldo de autoridades de Gobierno, criterios que contravienen su mejor interés superior y han puesto en grave riesgo la integridad de miles de niños, niñas y adolescentes que el Estado tiene la obligación del proteger, lo que se ha reflejado en diversas iniciativas, como es el caso del Convenio en cuestión”.

“Considerando el contexto histórico de movilización social, donde los adolescentes han tenido un especial protagonismo, que inclusive hoy tiene como consecuencia la privación de libertad de cientos de ellos en dispositivos de la Red del Servicio Nacional de Menores, solicitamos al Congreso la mayor rigurosidad en la tramitación de la agenda legislativa que deriva de la “Agenda Seguridad y Paz Social del Gobierno”, para que en el ejercicio de sus facultades, asegure que la redacción de marcos legales se ajuste estrictamente a los principios y estándares que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, así como también a los que se consideran en las observaciones generales y particulares del Comité de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales pertinentes”, sostienen.

Finalmente, los centros de estudios solicitan al Congreso y al Ejecutivo, “revisar el Proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, que se encuentra en segundo trámite constitucional, a la luz del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, y que se otorguen facultades a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, dentro de las normas que regulan la fiscalización y rendición de cuentas que tendrá el nuevo Sistema”.

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