El estallido social del 18 de octubre traía a maltraer a la administración centroderechista de Sebastián Piñera, incluso lo tenía en las cuerdas, en jerga boxeril, con los constantes episodios de violencia y las reiteradas manifestaciones en todo el país. Sin embargo, un estudio de la fundación Carnegie Endowment for International Peace sostiene que el Gobierno vive una “frágil tregua” gracias a la aparición del COVID-19, pero que esta crisis no está finalizada, sino que entró en un periodo de receso con todas las intenciones de volver a resurgir próximamente.

El documento señala que “antes de la pandemia de CORONAVIRUS, Chile estaba en medio de su agitación política más grave desde su regreso a la democracia a fines de la década de 1980. El descontento sobre la desigualdad socioeconómica del país, la corrupción y los servicios estatales deficientes provocaron protestas masivas y saqueos generalizados en octubre de 2019. Anteriormente, Chile había sido considerado un modelo de prosperidad y democracia en América Latina, pero su vertiginoso descenso al caos tomó a la mayoría de la gente: en particular, el presidente Sebastián Piñera y su administración de centroderecha, por sorpresa”.

Las masivas protestas, que se extendieron hasta 2020, “inauguraron un período de intensa polarización política y social. En respuesta a las protestas, Piñera desplegó las Fuerzas Armadas para reforzar las unidades policiales, pero los abusos generalizados de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes solo exacerbaron las tensiones políticas”.

Aunque Piñera anunció reformas estructurales destinadas a contener los disturbios, la naturaleza limitada de estos esfuerzos reforzó la percepción pública de que el gobierno estaba más interesado en la represión que en las soluciones sustantivas a las demandas sociales. Además, las recriminaciones entre los partidos políticos agravaron y expusieron profundas divisiones sociales sobre los legados de la dictadura de Augusto Pinochet, y los efectos económicos devastadores de la agitación de Chile solo intensificaron los desacuerdos”, precisa.

En análisis sostiene que mientras los chilenos se preparaban ansiosamente para reanudar las protestas después de un breve receso de verano, “el brote de coronavirus inesperadamente trajo un respiro a una sociedad inquieta. Después de que el gobierno introdujo medidas de distanciamiento social, las protestas disminuyeron rápidamente, permitiendo lo que un astuto observador describió como una “nueva y frágil tregua social””.

Sin embargo, el estudio sostiene que “la calma parece deberse mucho más al temor de la población a contraer el virus y al agotamiento colectivo después de meses de agitación que a la satisfacción con la forma en que el gobierno ha manejado la crisis y abordado las quejas sociales. La tregua actual, por lo tanto, parece ser una fase transitoria, y muchos chilenos temen que una vez que el efecto actual de la manifestación alrededor de la bandera se haya debilitado, la polarización dividirá al público una vez más”.

En ese sentido, expone que “la crisis de salud le ha dado a la asediada administración de Piñera una valiosa oportunidad para recuperar la confianza del público y aliviar las divisiones políticas. En la actualidad, aún es demasiado pronto para evaluar el manejo de la crisis por parte del gobierno, pero hasta ahora su respuesta parece haber sido efectiva. El gobierno ha introducido medidas estrictas, como declarar un estado de emergencia, cerrar las fronteras de Chile, imponer toques de queda nocturnos, acelerar las pruebas e imponer bloqueos totales en áreas con brotes de coronavirus. Una señal positiva para el gobierno es que el calamitoso índice de aprobación del 6% de Piñera ha aumentado a un 21%”.

Sin embargo, otros aspectos de la respuesta del gobierno, incluidas las medidas para mitigar los efectos económicos de la crisis, han sido más controvertidos. Hasta ahora, el gobierno ha proporcionado transferencias de efectivo a personas en el sector informal, pospuso los pagos de impuestos de los empleadores e introdujo una nueva ley para regular el trabajo remoto”, menciona.

Pero a su vez, agrega que “aunque los partidarios del gobierno elogiaron este paquete económico, sus detractores argumentaron que poderosos grupos de interés moldearon indebidamente la legislación de manera que favorezca a la élite empresarial y no proteger a la población vulnerable”.

Otro tema crítico se refiere a la decisión del gobierno de posponer un referéndum sobre la creación de una asamblea para reescribir la Constitución de Chile, cuya “votación, originalmente programada para este mes, fue el producto de un amplio acuerdo entre partidos que ayudó a aliviar las tensiones políticas. Con el apoyo de la oposición, el gobierno retrasó el referéndum hasta octubre, pero ya están surgiendo debates políticamente cargados sobre su viabilidad”.

Finalmente, el análisis sobre la situación que atraviesa Chile sostiene que “estos puntos de controversia indican que la crisis actual no ha alterado sustancialmente las divisiones preexistentes ni ha generado una visión compartida para el camino a seguir del país. Los líderes de la oposición y los grupos sociales se han medido en sus críticas al gobierno durante la pandemia, pero no se han mostrado dispuestos a crear un frente común con el presidente y su coalición gobernante. Su renuencia proviene en gran medida de una profunda desconfianza hacia Piñera y sus partidarios, en particular a la élite empresarial influyente, a quienes continúan percibiendo como fuera de contacto y poco sinceros en su compromiso con la reforma estructural. Si la crisis persiste, el riesgo de una polarización resurgente parece alto”.

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