Luego de anticiparlo la semana pasada, el Gobierno envió finalmente este lunes al Congreso el veto al proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, buscando salvar la resistencia de la oposición a esta iniciativa, la que busca aumentar los montos propuestos, ante lo cual el Ejecutivo ha sido tajante en que no destinará más fondos, pensando en contar con recursos para nuevas medidas de apoyo para los próximos meses en medio de la crisis.

“Conocen muy bien cuáles son las dificultades que hemos encontrado en el camino, cuales han sido los escollos que hemos encontrado en la tramitación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y, en virtud de lo que ha ocurrido es que el Gobierno presenta este veto que aditivo y sustitutivo de forma de dar continuidad a esta decisión de beneficio a 4,5 millones de  personas a través de esta iniciativa“, explicó el ministro de la Segpres, Felipe Ward.

Al respecto, en el texto despachado el Parlamento esta tarde, se señala que “dichas adiciones y sustituciones introducidas tienen diversos objetivos. El primero, es focalizar de mejor manera la entrega del beneficio. El segundo, es aumentar el número de beneficiarios incorporando un nuevo grupo de estos en razón a su rango etario y vulnerabilidad socioeconómica“.

El veto fue ingresado a las 15 horas de este lunes por la Cámara de Diputados, y se tramitará en principio durante la mañana de este martes 12 en la Comisión de Hacienda de la Cámara, la cual fue convocada para las 11 horas vía presencial y telemática, y tiene como invitado al ministro de Hacienda Ignacio Briones. De avanzar, el proyecto se analizará en la tarde en la Sala de la Cámara.

Si se siguen las previsiones del Gobierno, el miércoles se analizará en el Senado (cámara revisora), para despacharlo y publicarlo a la brevedad.

Ward hizo un llamado a los parlamentarios de oposición “para que comprendan que esta es la última oportunidad procesal para que este beneficio vea la luz; si el veto se rechazara sería gravísimo, y creo que nadie está poniéndose en ese lugar de explicarle a 4,5 millones de personas que no van a entregar este beneficio porque hubo diferencias políticas. Cuando los políticos se ponen de acuerdo, es la ciudadanía la que gana y ese es el llamado que hacemos a través de la presentación de este veto”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, manifestó que “aquí las familias informales no pueden esperar y el tiempo que ha durado esta discusión ha sido innecesario para la ayuda que es urgente para ellos”.

Este veto mantiene el equilibrio fiscal y mantiene el gasto que habíamos comprometido (US$802 millones), que es el más grande que se ha hecho en transferencias directas a las personas después de la pensión básica solidaria ,y que busca en la práctica paliar los costos que para muchas de las personas ha tenido el aislamiento, y sobre todo la pérdida de ingresos concretos a través de sus ventas”, agregó

Según explicó Sichel, en el veto se incorporan dos cambios:

Todas las personas que viven de ingresos informales hasta el 60% del registro social de hogares, reciben el mismo beneficio.

Adultos mayores de 70 años que vivan solos y perciban la pensión básica solidaria pueden ser beneficiarios en los meses de junio y julio, después del pago del bono invierno (que se hará en mayo), “de manera de darle continuidad de al apoyo a las familias”.

El ministro agregó que “estamos en el limite para poder pagar en la ultima semana de mayo en los pagos automáticos y en junio para las familias que no hayan recibido otro beneficio del Estado“.

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