Con una amplia mayoría fue aprobado la tarde de este martes en la sala de la Cámara de Diputados el veto sustitutivo y aditivo del Presidente de la República al Ingreso Familiar de Emergencia, pero con una amplia protesta de la oposición, que señaló que su aprobación había sido forzada por el Ejecutivo.

Estuvieron en la sala por parte del Gobierno el ministro secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y junto a ellos el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal y la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.

Ya el martes en la mañana el veto había sido aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, por 11 votos a favor y 2 abstenciones.

Este miércoles, es el turno para que las observaciones sean discutidas por y luego votadas en la sala del Senado, para su aprobación. De esta manera, el beneficio podría ser entregado a fines de mayo.

“Este no es únicamente un buen proyecto para el Gobierno, no es únicamente un buen proyecto para el Congreso, este es un buen proyecto para 4.5 millones de chilenos. Mañana enfrenta lo que esperamos sea el último trámite en el Senado de forma de despachar, promulgar y publicar este beneficio para empezar a pagarlo a partir del mes de mayo y eso es algo que obviamente nos tiene contentos, porque creo que nos permite avanzar”, dijo el ministro Felipe Ward sobre el proyecto.

Por su parte, el ministro Sebastián Sichel subrayó la importancia de aprobar la iniciativa con celeridad: “Tenemos un proyecto que beneficia a casi un 20% de la población de Chile, lo que significa en la práctica que es el de mayor cobertura social del mundo. Sabemos que esto no es suficiente, el día que digamos que es suficiente, se acabó el sentido de hacer política social, de tener Gobierno. Sabemos que tenemos un drama terrible en Chile que se llama informalidad, pobreza, pero para combatir ese drama terrible tenemos que actuar con mucho más sentido de urgencia”.

El veto incluye dos cambios al proyecto original. El primero, que todas las personas que viven de ingresos informales hasta el 60%, del Registro Social de Hogares, reciben el mismo beneficio; y que los beneficiarios mayores de 70 años, que por normas del ingreso puedan quedar excluidos por el hecho de no vivir acompañados, puedan ser incorporados en el beneficio. Ambas medidas amplían el universo de beneficiarios. 

En tanto, en el debate previo a la votación, el oficialismo valoró la propuesta y los cambios impulsados a través del veto presidencial. Asimismo, se destacó la necesidad de mantener un manejo responsable de las finanzas públicas; el aporte realizado por el Estado a través de diversos mecanismos en apoyo a los más afectados por la pandemia; y la relevancia de mantener un plan de contingencia en caso de requerirse en el futuro.

En la oposición, hubo una crítica generalizada en torno a las nuevas disposiciones planteadas por el Presidente Sebastián Piñera, remarcando lo poco que variaron respecto de la propuesta rechazada previamente. En este plano se refutó, por ejemplo, mantener algunos montos designados para los aportes mensuales y la visión de ir estos decreciéndolos en el tiempo, pese a que la crisis pueda ser más profunda hacia los meses de invierno.

Pese a lo anterior, la mayoría de los legisladores opositores optó por apoyar las observaciones presidenciales o se abstuvo. Ello fue justificado en el entendido que, al rechazar las disposiciones, el beneficio podría no concretarse, lo que perjudicaría a un universo potencial de 1,7 millones de hogares en el país.

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