El Ministerio Público solicitó una audiencia de sobreseimiento definitivo de la investigación por la denuncia, a través de redes sociales, de un supuesto centro de torturas que se había instalado en la Estación Baquedano del Metro de Santiago, ello luego que la Fiscalía Oriente anunciara oficialmente que la PDI descartó la existencia de este supuesto centro.

El trámite legal quedó fijado para el próximo lunes 15 de junio.

La acusación, surgida en octubre de 2019 en medio de la crisis social, afirmaba que el estudiante Nicolás Lüer de 22 años -quien afirmaba haber sido detenido de manera ilegal por Carabineros- vio personas siendo torturadas e incluso una que pedía auxilio en el recinto de la 60a Comisaría de la policía uniformada, ubicada en la estación del Metro. Tras conocerse la denuncia, acudieron al lugar representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) encabezados por su directos Sergio Micco, los jueces Darwin Bratti y Daniel Urrutia, y funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Los jueces no encontraron personas detenidas, pero de igual manera enviaron los antecedentes a la Fiscalía Oriente para que iniciara una investigación. El INDH, que en un principio dio un fuerte respaldo a la denuncia, debió dar pie atrás luego de participar en esta visita y señaló que esperaría el resultado de la investigación judicial antes de pronunciarse.

La denuncia, además, sería recogida como antecedente en todos los informes de diversos organismos internacionales de DD.HH. en los que se criticaba abiertamente el actuar de las fuerzas de orden y seguridad nacionales.

La estación Baquedano se convertiría a la postre en una de las más dañadas a causa de las manifestaciones, siendo reabierta al público recién el pasado 4 de mayo. En febrero de este año, en tanto, Metro y Carabineros confirmaron el retiro de la 60° Comisaría que se ubicaba al interior de la estación Baquedano, epicentro de esta polémica acusación, que implicó una ola de fuertes acusaciones de políticos de oposición, en especial de Beatriz Sánchez y la diputada Pamela Jiles en contra del Gobierno, particularmente contra el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick.

En el informe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, varios de cuyos detalles fueron dados a conocer el pasado 12 de abril a través de un reportaje del diario La Tercera, se desacreditó penalmente la acusación que se realizó sobre la existencia de un presunto “centro de tortura” al interior de la estación Baquedano del Metro de Santiago, en un trabajo que incluyó la toma de declaraciones a más de 20 personas, el análisis de las cámaras de seguridad del Metro y la comisaría de la estación y peritajes fotográficos.

Tras el estudio de estos antecedentes, en el documento se indicó que “no se logró establecer la veracidad de los hechos denunciados” y se añadió que “no se encontraron indicios criminalísticos para acreditar la efectividad del delito denunciado”.

Asimismo, indicó que “la denuncia hecha por Nicolás Lüer no ha sido posible ser establecida, ya que no hay registros documentales o de imágenes de videos donde conste que fue golpeado y que, al existir el dato de atención de urgencia, este no refiere descripción específica de lesiones”. Con respecto a las lesiones que se le constató, se indicó que el examen físico dio cuenta de tener la rodilla “sin derrame articular, sin deformidad y escasa contusión en el muslo distal”, junto con lesiones leves en una mano.

“Lo anterior no es conteste con lo que él refiere en su declaración, donde manifiesta haber recibido golpes en su espalda, nuca, estómago, rostro, además de su rodilla izquierda, que según su versión resultó lesionada”, se añadió.

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