jueves, marzo 28, 2024

Bailar un tango con el Gobierno de Argentina

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Para bailar tango se necesitan dos. A través de una decisión unilateral, el gobierno de Argentina de Alberto Fernández nos quiere sacar a bailar un tango nuevamente. La reciente presentación de un proyecto de ley ante el Senado de Argentina, para consolidar la posición transandina en materia de reclamación marítima y antártica en el Mar Austral, nos sorprende a la defensiva. No es primera vez que un gobierno vecino sigue igual estrategia. Recordemos el caso limítrofe marítimo con Perú, cuya diplomacia estuvo por años preparando el caso frente a nuestras narices.

Los efectos geopolíticos de esta medida son graves para nuestro país. Mas allá de los aspectos jurídicos y técnicos que involucra la cuestión, lo concreto es que la pretensión argentina “bloquea la proyección de las línea de base rectas chilenas hacia el sudeste del punto “F” establecido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En términos simples, impide la continuidad territorial de Chile en la natural proyección de la Región de Magallanes, desde el Cabo de Hornos y Diego Ramírez hasta el Polo Sur”, según se explica en un ultimo informe del centro de estudios AthenaLab. No olvidemos, asimismo, que bajo el subsuelo de la Antártica se albergan enormes reservas de recursos minerales y de hidrocarburos, lo que ha motivado el interés de muchos países por consolidar su reclamación de soberanía sobre el Continente Helado, apuntando a su eventual exploración y explotación económica.

Al igual que en 1978, en cuya época el gobierno argentino desconoció unilateralmente y declaró “insanablemente nulo” el laudo arbitral que resolvía a favor de Chile el conflicto limítrofe del Canal del Beagle, en esta oportunidad sucede algo parecido. El ex Canciller Gabriel Valdés afirmaba que dicha declaratoria “fue una demostración de desprecio brutal por el derecho”, mientras que el diplomático José Miguel Barros lo calificaba como “injustificable moral y jurídicamente”.

Hoy, en cambio, el gobierno argentino busca consolidar sus supuestos derechos sobre la plataforma continental en desmedro de los intereses marítimos y antárticos chilenos, desconociendo el Derecho Internacional y los términos específicos del Tratado de 1984, y haciendo una interpretación antojadiza de la Convención de Nacionales Unidades sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), de 1982.

Pocos deben recordar que el año 2016 el gobierno argentino celebraba como un triunfo los resultados de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) perteneciente a la ONU, que ratificó una presentación argentina del año 2009, bajo el gobierno de Cristina Fernández, estableciendo los límites de su territorio sobre la plataforma continental alcanzando las Islas Falklands/Malvinas. Con ello, expandía un 35% el territorio marítimo argentino en el Atlántico sur.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido afirmó, en aquella ocasión, que «la comisión no tiene jurisdicción sobre la soberanía de las Falkland Islands«, agregando que el propio organismo de la ONU reconoce que las reglas de procedimiento de la comisión no le permiten tomar en cuenta casos con reclamos superpuestos, como el de Falklands/Malvinas. Es decir, la propia comisión de la ONU señalaba en su resolución que su consejo no se aplica si hay una disputa territorial sin resolver, como es el caso de Argentina y Reino Unido con respecto a las Falklands/Malvinas. A diferencia de este último caso, en el nuestro hay un tratado limítrofe marítimo, suscrito y vigente, entre ambos países, sobre el cual el ex Canciller Dante Caputo afirmaba -por cadena nacional de radio y televisión- que el Tratado de 1984, en lo esencial, significa el establecimiento de una frontera marítima definitiva entre ambos países.

A partir de 1984, nuestro país, a través de sucesivas administraciones, ha procurado en desarrollar activamente las relaciones bilaterales con Argentina en un marco de amistad y cooperación en todos los ámbitos, mientras los pueblos chileno y argentino han dado muestras de enorme cercanía y hermandad. Sin embargo, la respuesta de los distintos gobiernos argentinos ha sido más bien de una irregular intensidad. En esto, hay que ser justos y marcar las diferencias entre las distintas administraciones transandinas. Como se advierte, el problema con Argentina es con el Kirchnerismo, que no solo quiere terminar de hundir a su país sino que además le conviene distraer la atención del pueblo argentino ante la crisis interna, creando artificialmente un conflicto con nuestro país.

Lo anterior es grave, pues mientras nuestro país ha mantenido una permanente actuación de buena fe y una tradición invariable de cumplimiento de sus compromisos internacionales, la diplomacia kirchnerista se ha caracterizado por todo lo contrario. Estamos frente a un gobierno que ha dado numerosos ejemplos de desconfianza y que, peor aún, parece no importarle. Basta ver el incumplimiento reiterado de sus compromisos con los acreedores internacionales y de los fallos arbitrales en materia de inversiones extranjeras (CIADI), olvidando o menospreciando por completo el concepto de “Pacta Sunt Servanda” (lo pactado obliga). Bueno es refrescar la memoria y recordar que el ex Presidente Menem afirmaba que “las leyes, los acuerdos, cuando se firman, cuando se promulgan, son para ser cumplidos”.

Como era de esperar, frente a la justificada y oportuna Nota Diplomática enviada por nuestra Cancillería, varios ex Cancilleres se alinearon, de manera transversal, en torno a la defensa de los intereses marítimos de Chile. Aunque la política exterior chilena, en los últimos años, no ha estado ajena a las tensiones políticas internas, no cabe duda que esta nueva cuestión limítrofe con el gobierno argentino será abordada como una política de Estado por las diferentes fuerzas políticas. En todo caso, frente al protagonismo de algunos, debe advertirse enérgicamente sobre los riesgos que envuelven las diplomacias paralelas.

La opinión pública chilena frente a este nuevo acto de hostilidad de la administración kirchnerista sabrá estar a la altura y exigirá que sean convocados los mejores expertos y especialistas nacionales y extranjeros para defender los intereses de Chile. Seamos generosos e incluyentes y no mezquinos y excluyentes al momento de convocar. Nadie sobra en esta tarea ni nadie se puede restar.

Pero, al mismo tiempo, la opinión pública también merece algunas explicaciones. Al igual que en el caso de Perú, los indicios de esta nueva reclamación estaban a la vista hace una década. Es válido que la gente se pregunte qué nos llevó a esta situación de hechos consumados; qué explica una reacción -leída por algunos- como tardía; y cuáles son las perspectivas e implicancias futuras de la controversia para nuestro país.

Churchill decía que “no es suficiente con hacer lo mejor que podamos. A veces, debemos hacer lo que se requiere”. Entonces, si vamos a bailar un tango con el gobierno argentino, seamos nosotros los que “marquemos el paso” y no al revés. Ya sabemos que los diplomáticos kirchneristas son buenos para el tango pero también para el “tongo”.

Sobre el autor:
Francisco Orrego B., es abogado

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