Durante la reunión de la Comisión de Hacienda ampliada celebrada ayer miércoles, un grupo de economistas que participa en la cita encabezada por el ministro de Hacienda Ignacio Briones expusieron un plan que contempla un Fondo Covid por US$ 12 mil millones, dos mil más que los propuestos por el Ejecutivo, y que tendrían su origen en deuda del Estado y del Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees).

El objetivo apunta a que el dinero vaya a suplir ingresos de las familias chilenas, además de reforzar la producción del país e inyectar recursos que promuevan la reactivación económica.

Esta propuesta fue presentada por el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés y el exdirector de Presupuestos de este gobierno Rodrigo Cerda; Bettina Horst, de Libertad y Desarrollo; Andrea Repetto de la Universidad Adolfo Ibáñez; el exministro de Economía de Piñera Juan Andrés Fontaine; y Claudia Martínez, de la Pontificia Universidad Católica.

Esto es, 6 de los 16 expertos que participan en la instancia convocados por el ministro Briones, en la búsqueda de un acuerdo para elaborar un plan de reactivación de la economía en Chile, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Las propuestas

Sobre las medidas específicas, la propuesta de los economistas plantea aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia de $65 mil a $80 mil o $90 mil por miembro familiar, lo que, para una familia de cuatro integrantes, significaría un ingreso de entre $320 mil y $360 mil.

Paralelamente plantean que este beneficio sea decreciente en tres meses hasta no menos que el 80% del monto inicial, pudiendo prorrogarse por dos meses más, por un monto que no supere el porcentaje señalado.

Asimismo, los expertos plantea, la necesidad de un complemento de los ingresos formales, estableciendo un monto de partida de $25 mil, y una modificación de las tasas de reemplazo de las personas que estén acogidas al seguro de desempleo, tanto por suspensión de contrato, en virtud de la ley de Protección al Empleo, como por haber sido despedidos.

Se propone también la creación de un subsidio temporal para los trabajadores contratados y los reintegrados por empresas que se hayan acogido a la Ley de Protección del Empleo, el cual tendría una duración de seis meses.

En cuanto al Fogape, los economistas plantearon su ampliación a todas las empresas, aunque en el caso de las grandes sostienen que el apoyo por parte del Estado sea la última instancia a agotar. En ese contexto, la propuesta se abre a la posibilidad de que el Estado adquiera acciones de dichas firmas, la cuales tendrían que ser liquidadas en un plazo determinado a establecer.

Entrando en un terreno complejo, como la duración del plan -donde el Gobierno ha sido constantemente criticado por considerarse que sus medidas de apoyo a la población y MiPymes son demasiado limitadas-, la proyección de este fondo está diseñada para 24 meses, pudiendo agotarse antes de ese plazo o, de lo contrario, si sobra dinero, se plantea que este vaya al Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees).

Cuál fue la propuesta del Gobierno

En tanto, en la jornada del martes, el Gobierno había dado a conocer durante una reunión con parlamentarios de la mesa negociadora para llegar a un acuerdo con la oposición, su propuesta de gasto fiscal para financiar el plan de emergencia, el cual alcanzaría los 10 mil millones de dólares.

La propuesta entregada por el ministro Ignacio Briones, estableció un gasto de US$10 mil millones para 20 meses.

De ese monto total, 3 mil millones de dólares serían utilizados este año y US$7 mil millones en 2021 y hasta febrero de 2022. Los recursos de 2021 estarían destinados principalmente a medidas de reactivación y empleo.

El plan propuesto por el Gobierno considera también un aumento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual se incrementaría desde los $65 mil por persona a un monto entre $70 mil y $80 mil.

Asimismo, los beneficiarios del IFE podrían incluir a todas las personas que pertenezcan al 80% más vulnerable, incluyendo a los independientes y a aquellos con ingresos bajo lo que establece este beneficio, a quienes el Estado aportaría una suma para suplir esta diferencia. La entrega de este aporte no sería decreciente en el tiempo como lo es actualmente.