Pretensión territorial del Gobierno de Argentina: Es hora de pasar de la reacción a la acción

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El reciente anuncio del Presidente de Argentina, Alberto Fernández, de enviar al Congreso transandino tres proyectos de ley que incluyen la pretensión de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas en el Mar del Sur Austral, deja en evidencia su intensión de prosperar en la iniciativa e ignorar las reclamaciones chilenas.

Esta nueva señal de hostilidad hacia nuestro país se suma a una reciente moción legislativa de una parlamentaria del Partido Justicialista, cuyo objetivo era –precisamente- apoyar la iniciativa del gobierno argentino, y sobre la cual este columnista se explayó latamente en este medio para condenarla. Ahora, me veo en la obligación de hacerlo nuevamente.

Recordemos que el objetivo del gobierno argentino, a través de esta serie de actos unilaterales quirúrgicamente planificados pero inoponibles jurídicamente a nuestro país, es consolidar sus supuestos derechos sobre la plataforma continental en el Mar Austral en desmedro de los intereses marítimos y antárticos chilenos, desconociendo el Derecho Internacional, y haciendo una interpretación antojadiza y caprichosa de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), de 1982, y de los términos específicos del Tratado de 1984, que establece un mecanismo de solución de controversias.

Desde que el caso se iniciara formalmente el año 2009, con la presentación de una solicitud de extensión de la plataforma continental argentina a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (organismo creado bajo la Convemar), la reacción del Estado chileno ha consistido básicamente en hacer reservas mediante notas diplomáticas.

Se cuentan, al menos, cinco notas diplomáticas. Resulta evidente, a estas alturas, que la estrategia de tapizar y bombardear con notas diplomáticas al gobierno argentino y a Naciones Unidas, haciendo reserva de los derechos soberanos e intereses marítimos y antárticos de Chile, no ha sido suficiente, pues no ha inhibido y menos detenido la ambición territorial de la Argentina.

Aunque pueda parecer algo tardío, aún estamos a tiempo de cambiar la estrategia y pasar de la reacción a la acción diplomática, política y jurídica.

Queda la impresión que este caso no estaba entre las prioridades de nuestra Cancillería, no obstante las evidentes señales de que el gobierno argentino lo viene planificando y fraguando desde hace décadas. En el caso de Chile, no ha existido una respuesta oportuna y adecuada a la pretensión argentina, a diferencia del caso del Reino Unido, que también tiene un conflicto similar con Argentina por la plataforma continental de las Islas Falklands/Malvinas, que ha desplegado una ágil y sólida acción diplomática y jurídica para defender sus derechos acorde con la importancia que sus gobiernos le han asignado al tema marítimo y antártico. El tener abiertos temas limítrofes con Perú y luego con Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya pueden explicar, en parte, esta situación. Pero, convengamos que mientras nuestro país litigaba en contra de sus vecinos del norte, al otro lado de la Cordillera de Los Andes se preparaban para sacarnos a bailar nuevamente un tango conocido.

Tampoco resulta fácil ignorar que la pretensión argentina, debidamente planificada como he señalado, apunta a que -tarde o temprano- el caso termine sometiéndose a un mecanismo de solución de controversias internacional, donde los resultados son impredecibles para nuestro país. Con este propósito en vista, haría bien nuestra Cancillería en reabrir la oficina -recientemente cerrada luego del caso con Bolivia- dedicada a la defensa judicial de nuestro país. Lamentablemente el tiempo le ha dado la razón a quienes han impulsado desde hace años la idea de tener una agencia estatal permanente de defensa de los intereses soberanos de nuestro país ante tribunales internacionales. “La ausencia de esta unidad expone a improvisaciones, dificulta la adopción de medidas preventivas para evitar y controlar los daños de eventuales juicios a los que puede ser arrastrado el Estado chileno, y afecta la eficacia, oportunidad y organización de las defensas”, nos recuerda el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz, quien desde hace más de una década impulsa esta iniciativa desde el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales. Es hora de escuchar y acoger las buenas ideas.

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