El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, salió este martes en defensa de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien enfrenta una querella presentada por la empresa Pegasus luego de quedar fuera de la licitación de cámaras corporales para Carabineros, acusando corrupción y un entramado para beneficiar a la compañía que se adjudicó el concurso para surtir de las body cams que serán destinadas a la policía uniformada.

El secretario de Estado explicó que en Carabineros se han incorporado unas mil cámaras corporales durante los últimos meses que permiten “tener un respaldo de imágenes y audio para poder contar con todo lo que son las imágenes de los distintos procedimientos policiales, particularmente con lo que tiene que ver con control del orden público”.

Hay que consignar que Martorell enfrenta una querella presentada por la empresa Pegasus por supuestos delitos de corrupción cometidos en la licitación que se adjudicó Motorola por más de 378 millones de pesos para la compra de 300 cámaras corporales destinadas a Carabineros.

Según la información aparecida en radio Biobío, Pegasus interpuso el recurso legal en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra Martorell y los cinco miembros de la comisión evaluadora por prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Al respecto, Blumel sostuvo que el proceso de licitación fue público y transparente, el cual “se desarrolló de acuerdo a las obligaciones que establece la ley de compras y que establece el estatuto administrativo para todo lo que son las actuaciones del sector público en la adquisición de bienes y servicios”.

Aquí lo que tenemos es un particular que no se adjudicó la licitación y lo que hizo fue presentar una querella aduciendo una inconsistencia de parte de quien se adjudicó dicha licitación”, explicó el titular de Interior.

Agregó que la licitación “fue abierta, transparente y existen otros mecanismos como el tribunal de compra, los particulares obviamente que lo pueden ejercer, pero nosotros creemos que los procedimientos se hicieron en regla y por lo tanto, dejemos que las instituciones funcionen y si un particular se siente afectado, tiene todo el derecho a ejercer su acción, pero nosotros tenemos la convicción que los procedimientos fueron los adecuados”.

Finalmente aseguró que como Gobierno se respalda el actuar de la subsecretaria en el proceso de licitación y que se contribuirá para que “no exista ningún tipo de duda de que esto se realizó de acuerdo a los procedimientos que corresponden”.

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