Este jueves en la mañana, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados finalmente su anunciado veto a la iniciativa legal que apunta a prohibir la suspensión de los servicios básicos por no pago, mientras dure el Estado de Catástrofe por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Las observaciones por parte del Ejecutivo, de acuerdo al texto del veto, “no vienen a alterar las normas que aseguran el suministro de servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, así como aquellas que permiten enfrentar las dificultades para pagarlos, por el contrario, las hacen compatibles con el ordenamiento institucional”.

En este contexto, el veto señala que el sector de telecomunicaciones no puede ser igualado al de los servicios básicos, ya que al no ser de carácter monopólico, no existe una fijación tarifaria por parte del Estado, sino que rige la libertad para fijar tarifas, por lo cual “aplicar al mercado de las telecomunicaciones medidas similares a aquellas que se imponen a los servicios sanitarios, de distribución de gas y de energía, resultaría sumamente complejo”.

Sin embargo, reconociendo la importancia que tiene el mantener la conectividad en los sectores más vulnerables del país, el Gobierno acordó con la industria de telecomunicaciones, “entregar un plan de conectividad gratuita, orientado al 60% más vulnerables del Registro Social de Hogares”.

En este sentido, el veto del Gobierno propone suprimir el artículo 3 del proyecto de ley, así como las menciones a los servicios de telecomunicaciones en otros artículos, dejando sin efecto la no suspensión de este servicio por el no pago.

En relación al suministro de agua potable, el veto establece que “sólo podrán postergar el pago de consumo de agua potable hasta 15 metros cúbicos, Si los consumos mensuales de dichos usuarios superan dicha cantidad, no podrán postergar el pago de los montos que correspondan al exceso del límite señalado”.

A pesar de lo anterior, los integrantes del Registro Social de Hogares, que acrediten tener más de cuatro integrantes por grupo familiar, podrán acceder a la postergación del pago de hasta 4 metros cúbicos adicionales por persona.

Veto a proyecto de servicios básicos:

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El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señaló que el veto busca que la ley esté dentro del estado de Derecho, por lo que consideran que las modificaciones no alteran los beneficios que contiene el proyecto.

“Lo importante es modificar una parte del proyecto, de manera tal que esto tenga una consistencia con el estado de derecho”, afirmó.

En tanto, la diputada Joanna Pérez, autora del proyecto de ley, aseguró que el veto enviado por el Ejecutivo “viene a ser supresivo y modificatorio. Modifica algunos artículos relacionados a lo que es el consumo del agua, traspasando el costo de esta pandemia, el consumo en materia de agua a las familias».

Además, hizo hincapié en que el documento «elimina todo el plan de telecomunicaciones creado con la ministra Hutt (…) Y elimina el artículo que traspasa el costo de esto a los usuarios, defendiendo a las empresas». Con esto se refirió a la indicación que entregaba acceso a internet gratuito a niños del 60% más pobre del sistema escolar. Una medida que, precisamente se había acordado con la titular de ministra de Transportes y Telecomunicaciones.

Veto al proyecto de protección de la niñez

Paralelamente el veto a la ley de protección de la niñez también fue ingresado este jueves con urgencia y busca modificar gran parte de la iniciativa, agregando normas que refuerzan el rol de los padres en la formación de niños.

Asimismo, elimina la prohibición de que personas que hayan integrado en los últimos dos años organismos colaboradores, pueden formar parte del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez.