El pasado 19 de marzo el Presidente Sebastián Piñera anunció el plan económico de emergencia por US$11.750 millones para proteger el empleo y a las pymes: “Necesitamos unidad”, dijo en ese momento el Jefe de Estado. Y recién a casi 4 meses la Cámara de Diputados ha despachado a a segundo trámite el proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, según informó oficialmente la Cámara, que demuestra la lentitud con que legisla los temas que realmente le importan a la población y que viene a confirmar porque el Congreso en su conjunto es la institución peor evaluada de la República.

El 19 de marzo, en La Moneda,el Presidente Piñera anunció la segunda etapa de plan económico de emergencia.

La tortuga de la Cámara

Un máximo de 9,72 billones de pesos, esto es, alrededor de doce mil millones de dólares, contemplará el nuevo Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, que estará destinado a financiar un programa fiscal para el combate de la pandemia y sus efectos y que fue aprobado hoy por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y despachado a segundo trámite legislativo al Senado.

La idea de legislar de la propuesta (boletín 13655) fue ratificada por 133 votos a favor, once en contra y cinco abstenciones, en sus normas generales; y por 140 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, en sus disposiciones de quórum. Luego, se avanzó en la votación en particular, donde se abordaron solicitudes de votaciones separadas e indicaciones del Ejecutivo y parlamentarias.

Por medio de las primeras cuatro votaciones se enmendó el texto del artículo primero. En ese marco se restó una norma que limitaba el acceso a los beneficios del fondo a las empresas privadas que sobrepasen el límite de ventas anuales de UF1.000.000.

Luego, por medio de otras votaciones se agregaron diversas precisiones, por ejemplo, para establecer ciertas condicionantes para las empresas estratégicas que sean beneficiadas con recursos del Fondo; y para prohibir la transferencia de recursos o el apoyo financiero a empresas condenadas por delitos de libre competencia o que sean controladas por sociedades con domicilio principal o que tengan filiales en paraísos fiscales.

De igual modo, se especificó que, en materia de inversión, los recursos del fondo deberán priorizarse en proyectos que consideren tecnologías innovadoras o energías renovables no convencionales, entre otros puntos.

Lo que establece el proyecto

El Fondo, conforme a los acuerdos definidos en la Comisión de Hacienda, texto que rindió el diputado Pablo Lorenzini (DC), considera una vigencia hasta el 30 de junio de 2022 (o hasta el agotamiento de los recursos) y permitirá financiar de manera exclusiva los objetivos explícitos sintetizados en el documento “Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo”.

Los gastos se podrán ejecutar a través de programas contemplados en las Leyes de Presupuestos de los años 2020, 2021 y 2022 y/o en leyes específicas para esos programas y las acciones implementadas o financiadas con cargo al Fondo no se extenderán por más tiempo que la existencia del Fondo, salvo que se trate de proyectos de inversión identificados con anterioridad a la extinción de este

Se remarca, asimismo, que los recursos que el Fisco deje de percibir como parte de las acciones de estímulo económico se contabilizarán como aportes del Fondo.

El proyecto también regula la administración del Fondo por parte del Ministro de Hacienda y define que solo se podrán financiar gastos que hubiesen sido incluidos en un plan de acción instruido por el Presidente de la República, el que deberá ser aprobado por ley.

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