Por dos años se extendió el período auditado por la Contraloría General en la Armada de Chile para examinar las cuentas de los recursos destinados a pago de comisiones de servicio, pasajes aéreos y fletes de viajes al extranjero, luego de lo cual el órgano fiscalizador estableció la existencia de una serie de desórdenes administrativos y determinó una serie de procedimientos de mejora, pero sin imputar delitos o malversaciones penadas por la ley.

Más aún, la Armada descartó lo señalado en algunos medios de comunicación en torno a que la Contraloría ordenaba a la institución a devolver dineros, afirmando que “la Contraloría General de la República no ordena a la Armada devolver USD 1.700.000 por concepto de pasajes y fletes, sino que objeta el proceso de rendición de cuentas efectuado por la Institución durante el periodo auditado“.

[Descargue el informe completo de Contraloría]

la Contraloría no imputa delitos a la Armada, sino que más bien aludiría a procedimientos o a procesos que requerirían corrección, modificación o alteraciones, fernando wilson, académico uai

Conclusiones de la Contraloría

Algunas de las conclusiones señaladas por el informe evacuado por la Contraloría indican que la Armada “no mantenía documentación como facturas, boletas u otro antecedente, para respaldar y acreditar los egresos de fondos entregados a funcionarios, con el objeto de que efectuaran la compra de pasajes para la realización de comisiones de servicio en el extranjero, por la suma de USD 531.101,43. Asimismo, se constataron pagos cursados en los mismos términos a funcionarios por concepto de reembolso de fletes, por un monto ascendente a USD 1.159.964,88“.

También, que “se verificó la existencia de desembolsos en exceso por concepto de viáticos por un total de USD 68.442,27, relativos a la ejecución de comisiones en el extranjero, toda vez que se consideraron para el pago las noches en que los funcionarios pernoctaron en el avión”.

Además, pagos de viáticos en actividades de instrucción, entrenamiento y visitas profesionales en el extranjero, donde el país anfitrión proporcionó alojamiento y alimentación; emisión de órdenes de compra para la adquisición de pasajes sin la antelación prevista; pagos anticipados antes de la emisión de la autorización respectiva; o autorizaciones para comisiones de personal al extranjero por parte de la Subsecretaría de FF.AA. en tiempos menores a los requeridos por solicitarse fuera de plazo.

La propia Contraloría hace hincapié en que al interior de la institución, “con el fin de aprovechar las experiencias e información tanto en el ámbito naval como marítimo, adquiridas en las comisiones de servicio”, se dispuso “la emisión de informes por comisiones de servicio al extranjero“, acotando que “sin perjuicio de las medidas implementadas por el servicio auditado, se mantiene la observación, por dado que su implementación tendrá un efecto a futuro”.

Asimismo, y como parte del procedimiento estándar, la Contraloría “iniciará un sumario administrativo en la Armada de Chile, con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas, considerando, además, la entidad y cuantía de lo representado”, ello en relación a los aspectos vinculados a fondos públicos, lo cual permitirá aclarar la situación de dichos dineros.

Armada defiende procedimientos ajustados a la normativa vigente

Al respecto y ante lo informado por algunos medios de comunicación en torno a que la Contraloría “ordenó a la Armada de Chile devolver más de 1 millón 700 mil dólares a la arcas fiscales” tras descubrir “gastos irregulares asociados a viajes al extranjero”, la propia institución de la defensa explicó que “la Contraloría General de la República no ordena a la Armada devolver USD 1.700.000 por concepto de pasajes y fletes, sino que objeta el proceso de rendición de cuentas efectuado por la Institución durante el periodo auditado“.

Añadió que “dicha situación será aclarada por la Institución, a través de los recursos y procedimientos correspondientes”, y que “en lo relativo a viáticos, se objeta el pago del 100% del día inicial del viaje, cuestión que también la Institución aclarará a través de los recursos pertinentes”.

En ese sentido la institución afirmó que “todos los procedimientos objetados se ajustaron a la normativa reglamentaria vigentes en su oportunidad“.

No hay delitos ni malversaciones

Consultado por el tema, el cientista político y académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, explicó que “el reporte evacuado por Contraloría señala una serie de cosas que son importantes de enfatizar en relación a otros casos de manejos de fondos, e incluso de delitos en relación a aquello que se han desarrollado en otros ámbitos del aparato público del Estado chileno”.

Así, detalla que “en términos prácticos, y de alguna manera estableciendo una diferencia gruesa, la Contraloría no imputa delitos a la Armada, sino que más bien aludiría a procedimientos o a procesos que requerirían corrección, modificación o alteraciones. Aspectos comparativamente menores como por ejemplo que se pagan viáticos por las noches en los cuales una persona viajando duerme arriba de un avión y no en un hotel, o aspectos hasta en los cuales uno podría discutir el nivel de celo que se aplicó pero, vuelvo a insistir, lo relevante es que no se imputan delitos o malversaciones penadas por la ley“.

Añade que “esto, si bien es cierto apuntaría a un ámbito de desorden relativo, está muy concentrado en ámbitos particulares del quehacer naval, específicamente en las comisiones de viajes al extranjero, donde por ejemplo se alega que, con más celo, se podrían haber encontrado rutas más largas y, por ende, más baratas en la compra de pasajes; o en su defecto el hecho de que se compran pasajes con poca antelación”.

Wilson afirma además que “uno podría sostener que muchas veces se han tenido que desarrollar comisiones de urgencia o última hora. Pensemos que la Marina desarrolla proyectos que tienen fuerte participación internacional: la modernización de las fragatas Tipo-23, la construcción del rompehielos del proyecto Antártica I, lo cual ha requerido trabajos bastante profundos de reajuste y reasignación presupuestaria, y también de los calendarios de trabajo, con socios en Canadá, en Europa, que están proveyendo sistemas de alta complejidad y literalmente todos los sistemas tanto científicos como de propulsión y gestión que incorpora el rompehielos de 10 mil toneladas, el buque más grande jamás construido en Chile”.

Por ello, acota que “en ese sentido pareciera ser que, por ejemplo, las compras de armamento o pertrechos y el manejo de estos fondos, que en otros momentos y circunstancias, en otras instituciones del Estado han sido problemas -y qué decir del resto de América Latina-, no están siendo objetadas por Contraloría, después de una investigación de gran profundidad; todo lo cual nos permitiría, en un escenario de vaso medio lleno, ser relativamente optimistas”, concluyendo que “claramente se trata de una situación de una naturaleza completamente diferente a otros problemas que se han desarrollado en Chile y en América Latina, y respecto de los cuales, reitero, la Armada no es imputada por delito sino que más bien por la necesidad de corrección de algunos procedimientos determinados“.

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