Luego de la polémica generada por la responsabilidad que tendría el Gobierno de Michelle Bachelet en el “aumento explosivo” de inmigrantes haitianos, de lo cual hicieron eco varios de medios de comunicación, fuentes de la administración anterior indican que desde el Ministerio del Interior ya se habían tomado medidas sobre ese fenómeno mucho antes de la alerta hecha por Carlos Appelgren, quien se desempeñaba en la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración (Digeconsu).

Hay que consignar que varios medio de prensa publicaron un oficio que data del 20 de septiembre de 2017, en el cual da cuenta de la llegada masiva de ciudadanos haitianos a Chile que “viajan como turistas y luego permanecen en Chile valiéndose de la circunstancia de que no se exige actualmente el requisito de visa a los turistas haitianos, permitiéndoseles permanecer en territorio nacional hasta por un periodo de 90 días en tal calidad”.

 Sin embargo, las fuentes consultadas por Infogate.cl señalan que el 30 de enero de 2017 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentó una querella en contra la aerolínea LAW por el delito de Tráfico Ilegal de Migrantes, lo cual está contenido en el artículo 411 bis del Código Penal.

Dicha acción fue antecedida por una denuncia ante la Fiscalía Occidente, respecto a que en 125 vuelos ingresaba un número importante de personas de nacionalidad haitiana con visa de turista y en el egreso al lugar de origen el número de personas que viajaban de regreso era significativamente inferior.

De esta forma, explican que las acciones emprendidas por el Ministerio tenían por objetivo perseguir penalmente en Chile a quienes se aprovechaban de una evidente situación de vulnerabilidad de ciudadanos haitianos, pero también proteger al país de un fenómeno masivo y de difícil control para las autoridades de los países de origen.

Adicionalmente, indican que el Gobierno en 2015 elaboró un plan de acción contra la trata de personas, al alero de la mesa intersectorial -creada en la primera administración de la expresidenta Bachelet y constituida por el Ministerio Público, las policías y diferentes agrupaciones- con el objetivo de coordinar acciones en materia de prevención, represión y sanción de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.

Incluso, las mismas fuentes señalan las razones por las cuales el actual Gobierno que encabeza Sebastián Piñera no ha hecho nada con la querella por el tráfico de inmigrantes, la cual aún se encuentra abierta.

Toda esta polémica ocurre en momento en que en el Senado se discute la nueva Ley de Migración y Extranjería, la cual lleva más de siete años durmiendo en el Congreso. Sin embargo, el Senado determinó continuar la próxima semana con el debate en torno a la iniciativa.

Querella Gobierno Contra LAW by Mario Estay on Scribd

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