Los ministros del Interior, Víctor Pérez, y Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, salieron a abordar el continuo crecimiento de los ingresos de inmigrantes extranjeros ilegales al país en los últimos meses, pese a las medidas restrictivas existentes, al menos en el papel, en las fronteras nacionales, recalcando la ilegalidad de la acción y que, por lo mismo, dichas personas serían objeto de un proceso de expulsión una vez que cumplan con sus cuarentenas.

De acuerdo a las estadísticas que maneja el Ministerio del Interior, el pasado mes de agosto se registraron 1.198 ingresos ilegales; 764 en julio y 587 en junio. En lo que va de este año el total (entre los meses de enero y agosto) alcanzó los 5.147 personas, de los cuales 2.969 correspondieron a venezolanos, 690 a haitianos, y 425 a colombianos.

El ministro Pérez señaló que “la entrada de personas de manera ilegal e ilegítima hace necesario que inmediatamente los tengamos que llevar a estas residencias sanitarias“, añadiendo que “ese es solo un dato de las dificultades que genera en nuestro país el ingreso ilegal, y teniendo presente que hoy día tenemos fronteras cerradas y por lo tanto en el momento que normalicemos la situación esto puede ser incluso más problemático, más caótico, se hace absolutamente indispensable tener una ley migratoria que provea al Estado de las herramientas necesarias para combatir el ingreso irregular“.

En ese marco, precisó que “lo hemos dicho y lo reafirmamos hoy día: Chile y los chilenos aceptamos y queremos al inmigrante que llegue a Chile, pero que lo haga de una manera regular, de una manera ordenada, y cumpliendo todos los requisitos para que pueda integrarse a nuestro país“.

Acotó además que “este ingreso irregular masivo hace que (los extranjeros) no puedan integrarse, significa problemas para las comunas y las regiones, para otros chilenos y para ellos mismos, puesto que no pueden integrarse como es el objetivo de un proceso de migración ordenada”.

Por ello, el titular de Interior adelantó que se reuniría esta tarde con distintos intendentes, para “analizar, para tomar resoluciones y decisiones que nos permitan impedir este flujo creciente de inmigrantes ilegales hacia nuestro país”.

Por su parte, el canciller Allamand afirmó que “hemos hecho un análisis de la situación que se está produciendo en la frontera norte, y en primer lugar queremos señalar que el Gobierno no avala ningún ingreso irregular al país“.

Sin embargo subrayó que “la situación es muy distinta de lo que ocurría en el pasado, donde todo el mundo recuerda aviones en los que venían personas supuestamente como turistas, a sabiendas de que no tenían tal carácter”.

En dicho contexto aseguró que “lo que importa destacar es que las personas que están ingresando clandestinamente al país están cometiendo un delito y, en consecuencia, lo que correspondería es que hubieran procedimientos expeditos para expulsar a dichas personas del país”.

En esta línea, el ministro sostuvo que “tal como ha señalado el ministro del Interior, vamos a fortalecer el control sobre las fronteras, vamos a continuar trabajando con las cancillerías de los países vecinos y vamos a ofrecer una cooperación en términos a contribuir a desmantelar las bandas de personas que funcionan como trata de personas o se aprovechan de las personas que pretenden ingresan al país”, concluyó.

“Efecto llamada”

Durante la mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, también abordó el tema, en especial desde la perspectiva del incremento en los ingresos de ciudadanos venezolanos de manera clandestina, asegurando aseguró que esto se relaciona con el “efecto llamada” que se produjo tras la aprobación de una indicación de la oposición en el Senado, en el marco del proyecto de ley de Migraciones.

Así, comentó que “en primer lugar hacer un llamado a todas aquellas personas que quieran ingresar a nuestro país que lo hagan de manera regular, porque quienes ingresen clandestinamente se someten a nuestra legislación vigente y por lo tanto cometen un delito y probablemente van a ser objeto de un proceso de expulsión”.

Según explicó, la causa de este aumento en los ingresos clandestinos está relacionada esencialmente con el efecto llamada, lo que hemos denominado el efecto llamada de una indicación aprobada en la Comisión de Hacienda del Senado, producto de la iniciativa de senadores de la oposición, que da una señal de que todas aquellas personas que ingresen a nuestro país hasta 90 días después de aprobado el proyecto de ley van a poder regularizar su situación”.

“Eso no es así para aquellos que ingresen clandestinamente porque ellos cometen un delito y van a poder ser expulsados”, continuó el subsecretario.

En esta línea, la autoridad insistió ni “las pésimas condiciones tanto sociales como económicas” en Venezuela ni las “graves vulneraciones a los DD.HH.” que se viven en dicho país -que fueron confirmadas por un nuevo informe emitido por la ONU- “no pueden ser una justificación para el ingreso clandestino a Chile”.

“Esas personas se someten, muchas veces a engaños a tener que pagar a los denominados coyotes para ingresar y muchas veces son avisados laboralmente y viven hacinados en nuestro país, sin derecho a tener una cédula de identidad. El llamado es muy claro: no se ingresa clandestinamente a nuestro país porque aquellas personas que lo hacen se exponen a un proceso de expulsión”, sostuvo.

Respecto a la votación del proyecto de Migraciones que se discutirá en el Senado esta semana, Galli llamó a los parlamentario a aprobar la iniciativa y a “rechazar las indicaciones que permiten el turismo laboral y que están produciendo este efecto llamada de convocar a personas a ingresar incluso clandestinamente a nuestro país”.

Galli se reunió esta mañana en La Moneda, tanto presencial como telemáticamente, con la directiva de la Comisión Presidencial para la Diáspora Venezolana, para abordar este y otros temas de la comunidad del país caribeño en Chile.

Participaron Danny Ramírez, exdiputado exiliado en Chile; Ridmar Morales, directora ejecutiva de la Asociación Inmigrante Feliz; Isabel Massim, presidenta de la Comisión y representante del Partido Un Nuevo Tiempo; Nélida Saad, representante del Partido Acción Democrática; Lionz María Moncayo, representante del Partido Primero Justicia; y Maylin Naveda representante del medio de comunicación Venezolanos en Chile.

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