Los ministro del Interior, Víctor Pérez, y Transportes, Gloria Hutt, firmaron este martes en La Moneda el protocolo de acuerdo alcanzado con las organizaciones de dueños y conductores de camiones, tras la masiva paralización que este gremio efectuó durante los primeros días de septiembre como consecuencia de los hechos de violencia en la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco.

El titular de Interior afirmó que “nadie discute, ni está puesto en duda que esto nace por el sufrimiento, por el sufrimiento, por los perjuicios, por el daño que han sufrido hombres de trabajo, mujeres de trabajo, empresarios transportistas, pequeños, medianos y grandes, que han visto en muchas ocasiones con importancia e incertidumbre cómo su capital de trabajo es destruido”.

Pérez añadió que “quienes queman camiones, quienes asesinan a Juan Barros, quienes dispararon a la hija de un transportista, como es Monserrat de 9 años, lo que buscan es causar terror (…) Por eso vamos a trabajar para crear leyes que den herramientas al Estado”, aseguró Pérez.

El acuerdo firmado establece un protocolo del Gobierno para evitar casos de violencia en La Araucanía, como seguir impulsando la agenda de seguridad del Ejecutivo en el Congreso, compensaciones a víctimas y mejoramiento de seguridad en las carreteras.

“Nos alegramos de que no haya pasado a mayores y no haya sido necesario aplicar las herramientas que tiene el Estado”, acotó el ministro, quien reconoció que esteno fue un acuerdo fácil, pero nos alegramos de no haber usado los instrumentos que dispone la legislación chilena” y, además, indicó que el acuerdo establece una mesa de trabajo permanente entre dirigentes e integrantes del gobierno.

Por su parte, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), agradeció al Gobierno por el acuerdo alcanzado y detalló que “se manifiesta en dos temas centrales: seguridad para poder seguir transitando en las carreteras, asegurar al país el abastecimiento, y también algunos temas relacionados con el sector de camioneros de Chile”.

Lo anterior, añadió, “en la línea de poder asegurar que nuestros conductores tengan la tranquilidad para transitar fundamentalmente en la macrozona sur, y vamos a aprovechar de hacer un llamado al Parlamento para que se produzcan las leyes necesarias”.

Reiteró que los camioneros de Chile “estamos más unidos que nunca, ustedes saben que hemos tenido una movilización nacional por la paz, por la seguridad y antidelincuencia”.

“Esta movilización nacional la hemos suspendido para que concretemos los acuerdos que vamos a firmar y nuestras bases tendrán que ser informadas, debidamente y oportunamente, en el cumplimiento de este acuerdo, precisó.

Algunas medidas del acuerdo

  • Compromiso del Gobierno con el Orden Público, expresado en inversión de 5.600 millones en infraestructura policial, aumento en medios aéreos en la zona sur, coordinación especial en información de inteligencia, establecimiento de una prefectura de la PDI en la macrozona sur y un programa de mantención y reposición de vehículos policiales.
  • 13 proyectos de ley presentados para fortalecer la seguridad y orden público.
  • Vigilancia en ruta, aumentando las cámaras seguridad, añadiendo cámaras térmica y de lectura de patentes, además de más iluminación.
  • El Gobierno trabajará con las concesionarias para implementar peajes free flow en la macrozona sur y se analizará el tarifario en las ruta 78 y 68 para buscar una tarifa plana los fines de semana y feriado. 
  • Nuevas áreas de descanso en la ruta 5 sur, en los tramos Chillán-Collipulli y Collipulli-Temuco.
  • Apoyo a la víctimas: El Gobierno apoyará a las familias de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total o parcial superior al 70% producto de atentados terroristas, otorgando pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio para sus hijos.
  • A través de Sercotec, se ayudará a aquellas víctimas de delitos terroristas de vehículos motorizados con un subsidio no reembolsable que cubra todos los costos de los vehículos destruidos y que no sean cubiertos por las pólizas de seguro.
  • Los conductores afectados por actos terroristas recibirán una compensación que cubra la diferencia entre la cobertura del seguro de cesantía y el sueldo base estipulado en su contrato de trabajo, entre el momento del siniestro y el otorgamiento del subsidio no reembolsable antes mencionado. Durante este periodo, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por acuerdo de las partes, en cuyo caso el trabajador podrá hacer uso de su seguro de cesantía.
  • El Gobierno se compromete a presentar durante e 2020 un proyecto de ley que permitirá establecer un fondo de reparación para las víctimas de violencia en la macrozona sur, junto a una comisión permanente que informe anualmente sobre los hechos de violencia.
  • El Gobierno exigirá a concesionarias de autopistas a aumentar los estándares de seguridad con tecnología avanzada, que permitan una mayor eficacia durante la investigación policial de delitos.

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