Amnistía Internacional criticó el proceder de Carabineros en el control del orden público, específicamente en el rol que cumplen en las manifestaciones sociales, afirmando que aún actúan como en la dictadura cívico-militar que lideró Augusto Pinochet, incluso sostiene que las personas que participan en las protestas son consideradas “un peligro para el Estado”.

Así lo sostiene la vicedirectora de AI, Fernanda Doz Costa, quien señaló que “el nivel de violencia y de ejecuciones sumarias está en muchos lugares de Latinoamérica totalmente fuera de control”.

Para la integrante del organismo internacional, muchos policías conservan una forma de pensar similar a la de las décadas de los años 70, 80 y 90, ya que casi no se han llevado a cabo reformas en las fuerzas de seguridad desde entonces en la región.

Eso se ve muy bien en los carabineros, la policía chilena. Todavía actúan, en parte, como durante la dictadura de Pinochet, desde 1973 hasta 1990. Los manifestantes son, para ellos, un peligro para el Estado. No son personas que ejercen su derecho a protestar pacíficamente y a quienes deben proteger”, precisó.

Incluso recuerda que el propio Presidente Sebastián Piñera animó a Carabineros para reprimir con más fuerza las manifestaciones que se produjeron tras el estallido social de octubre de 2019, cuando señaló que se estaba “en guerra” con un “enemigo implacable”.

Doz Costa menciona a Deutsche Welle que otro gran problema es la impunidad de los funcionarios policiales, puesto que “en caso de cometer faltas, se los lleva ante un tribunal militar en lugar de un tribunal civil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció repetidas veces que eso es inaceptable”.

Otro punto que pone de relieve es que la violencia policial, la mayoría de las veces, afecta a los más pobres y a las minorías como los mapuche.

La representante de AI señala que la pandemia del COVID-19 da una “oportunidad histórica” para reformar Carabineros y las policías en América Latina, debido a que el virus dejó al descubierto la gran desigualdad social y la violencia policial en la región.

Necesitamos una policía que respete los derechos humanos, y no una por la cual tengamos miedo de que nuestros hijos no vuelvan vivos de una manifestación”, explica.

Doz Costa afirma que si la policía quiere estabilidad en su institución a largo plazo, “no le queda otra opción” que reformarse, puesto que el descontento social será cada vez mayor.

En las recientes protestas hemos visto que cuanto más excesos comete la policía contra las personas, más atiza a los manifestantes”, concluye.

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