Un total de 54 personas contratadas con antecedentes penales, 18 con condenas y 36 con anotaciones penales, fueron detectadas por la Contraloría General de la República en el municipio de San Ramón, encabezado por el alcalde Miguel Ángel Arriagada.
Según el informe de 130 páginas elaborado por el ente fiscalizador y que fue liberado la tarde de este martes, “no corresponde que la Municipalidad de San Ramón contrate bajo la modalidad a honorarios y mantenga en servicio en tal calidad a quienes se encuentran condenados por crímenes o simples delitos“.
Esto luego que el propio alcalde asegurara en sus descargos a la Contraloría, que dichos contratos correspondían a personas que participaban de un programa de reinserción social.
🔴Concluida la investigación, se corroboró que 54 personas con condena por crímenes o simple delito, se desempeñan en @MuniSanRamon_.
— Contraloría (@Contraloriacl) October 13, 2020
Éstos deberán dejar sus cargos y los antecedentes de derivan a @FiscaliadeChile y @CDE_CHILE
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Fue así que el ente fiscalizador detalló que «se comprobó que 4 servidores contratados por el municipio, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, tenían vínculos de parentesco con funcionarios que ocuparon cargos de directivo, jefe de departamento o concejal en esa entidad edilicia, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575″.
Asimismo, «se verificó que 18 servidores a honorarios fueron contratados por la Municipalidad de San Ramón, pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos, lo que transgrede lo preceptuado en el artículo 5°, inciso octavo, de la ley N° 19.896, y en la letra c) del artículo 54 de la ley N° 18.575″.
Finalmente, «se observó que 36 personas informadas como contratadas por esa entidad comunal en el periodo examinado -1 funcionario cuya calidad jurídica se desconoce y 35 servidores a honorarios-, presentan anotaciones por crímenes o simples delitos en el registro de antecedentes penales que mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 54, letra c), de la ley N° 18.575. Asimismo, se comprobó que dichas contrataciones no se encuentran registradas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER-, de este Organismo de Control, lo que transgrede lo establecido en el artículo 53 de la ley N° 18.695″.
Por ello, señala que «en relación con las situaciones anteriormente descritas, esa entidad comunal deberá, previo traslado a los interesados, poner término a los vínculos contractuales en los que se presentan las situaciones de inhabilidad antes descritas, en virtud de lo prescrito en el artículo 63 de la ley N° 18.575, informando al respecto a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la notificación del presente informe».
Adicionalmente, los antecedentes también fueron enviados a la Fiscalía Sur y al Consejo de Defensa del Estado para que indaguen las posibles responsabilidades penales en el hecho, mientras que se dieron 60 días de plazo al alcalde para que termine el vínculo laboral con los involucrados.
El organismo también formulará el reparo respectivo por la suma total ascendente a $12.170.548 e iniciará un juicio de cuentas para que dichos recursos sean restituidos.
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