El Ejército, a través de un comunicado, salió al paso de las constantes versiones periodísticas en torno al informe de inteligencia que habría entregado el año pasado al Presidente Piñera, dos días después del 18-O.
Al respecto, la institución señala que «es necesario precisar que la difusión de antecedentes del sistema de información coordinado por la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), es constitutivo de delito de acción penal pública«.
Acota además que «lo publicado, no es información producto de un análisis de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército, sino que corresponde a una interpretación que da a entender a la opinión pública, una situación que no es tal«, haciendo hincapié en que «el actuar de la Dirección de Inteligencia del Ejército se cumple con estricto apego a la ley y se encuentra sujeto al control democrático permanente de la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara de Diputados y de los Ministros de la I. Corte de Apelaciones que corresponda».
Señala además que «la Dirección de Inteligencia del Ejército, como integrante del Sistema de Inteligencia del Estado, entrega, a requerimiento, la información de carácter residual que obtiene, para que esta sea debidamente analizada e integrada por los
organismos técnicos competentes, según corresponda«.
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