China ha iniciado -con fuerza durante el presente siglo- un lento pero constante proceso de expansión a nivel mundial, visto como una verdadera “neocolonización” sin freno.

Pero si en un principio, los efectos de este posicionamiento global de Beijing se había hecho sentir en Asia y, sobre todo en África, durante la última década sus esfuerzos se han dirigido con mayor fuerza hacia América Latina.

La sabiduría milenaria rinde frutos al Partido Comunista Chino (PCC). Su jeraquía, encabezada por Xi Jinping, presidente del Gobierno central, parece conoce cada una de las debilidades y necesidades de los países del Tercer Mundo, cuya mayoría de líderes y conductores solo piensa en perpetuarse en el poder o en sobrevivirlo. África y América Latina, continentes relegados históricamente, son claros ejemplos del uso que Beijing hace de su dinero para explotar sus recursos e intentar imponer costumbres y leyes.

Es así que en Centro y Sudamérica China extiende sus brazos con mayor asiduidad desde hace poco más de una década siguiendo la misma táctica seguida en África para abrir puertas y ganar corazones, esto es, préstamos blandos y dinero fresco, y siempre basados en la misma estrategia: intentar monopolizar la explotación de recursos naturales, pero también información. 

VenezuelaBoliviaPerú, Ecuador y Argentina,, fueron algunos de los países donde Beijing hizo pie a punta de yuanes convertibles. Así, durante los últimos 15 años, más de US$ 141 mil millones fueron inyectados en las economías de países mayormente comprometidos con las políticas del Socialismo del Siglo XXI ó, en el caso peruano, buscando inversiones para proyectos potencialmente atractivos pero de difícil financiamiento. Los Bancos de Desarrollo Chino y de Exportaciones e Importaciones de China se convirtieron en las principales fuentes de divisas.

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, se transformó en un claro ejemplo de socio y deudor. De acuerdo con la Base de Datos Financiera de China y América Latina, los créditos concedidos a Caracas en los últimos diez años alcanzaron unos 62 mil millones de dólares. Hasta el momento, aún tiene que pagar más de un tercio de esa suma.

Con la situación financiera y económica de Venezuela pendiendo de un hilo, Beijing deberá esperar. Sabe que el goteo de barriles de petróleo y de áreas de explotación minera y de crudo se le asignarán a cambio de no ser un acreedor hostil. Es más, Maduro promueve un joint venture con la casa matriz de PetroChina, la partidaria Corporación Nacional de Petróleo de China más conocida por sus siglas CNPC. En conjunto crearían una nueva unidad de negocio que podría equivaler a 65 mil toneles cada 24 horas.

Pero hay otro riesgo y es el ambiental. ¿Bajo qué parámetros operan las compañías chinas que se instalan en la Cuenca del Orinoco para explotar -además de las refinerías- las minas de diamantes y oro de Venezuela? Es un misterio. ¿Bajo qué legislación laboral trabajan los empleados venezolanos? ¿O son en su mayoría chinos?

Ecuador, en tiempos de Rafael Correa, también fue un beneficiario de la generosidad oriental. Desde 2009 fueron alrededor de 17.500 millones de dólares los que se le destinaron. Los sectores que verían llover los dólares: hidrocarburos, electricidad, minería. Compañías como SinohydroGezhoubaChina Petroleum y Chinalco están a cargo de varios de los proyectos más grandes, no solo en tierra ecuatoriana, sino en todo América Latina.

Un informe elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) -compuesto por un consorcio de ONG de EcuadorArgentinaPerúBolivia y Brasil– documentó “la falta de cumplimiento del Estado chino de sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos por al menos 18 proyectos operados por 15 consorcios empresariales chinos, que han actuado con el apoyo de 6 bancos chinos en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. De los 18 casos documentados, 7 pertenecen a la industria minera, 6 a la industria petrolera y 5 al sector hídrico. Asimismo, 15 afectan a territorios indígenas, 11 a áreas naturales protegidas, 5 son patrimonio natural y cultural reconocidos por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO) y 12 corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña”.

La vulneración de los derechos de las comunidades es una constante. “En Ecuador, el proyecto San Carlos Panantza, ha reportado varios allanamientos, detenciones arbitrarias e investigaciones judiciales contra líderes indígenas a raíz de la confrontación por los desalojos forzosos de agosto 2016, evento que dejó un policía muerto y nueve personas heridas”, denuncian las organizaciones de derechos humanos. Detalle: todos los ataques eran conducido por las corporaciones a cargo del plan de inversiones.

En la mayoría de los proyectos, China desoye las recomendaciones internacionales y atropella a las comunidades -sobre todo originarias- y al medio ambiente. En Bolivia, por caso, “el bloque petrolero Nueva Esperanza se superpone con uno de los tres territorios del pueblo indígena Tacana, el cual alberga a un pueblo indígena en aislamiento voluntario, Toromona. A pesar de que los Tacana se opusieron a la exploración petrolera, el Estado boliviano impuso el proyecto, y realizó un proceso de consulta en el que se acordaron condiciones para salvaguardar el territorio y proteger a los pueblos Tacana y Toromona. Sin embargo, BGP Inc. desconoció los acuerdos y causó daños ambientales afectando sus medios de vida”, señala el mismo documento. Para Evo Morales algunos indígenas tienen más derechos que otros.

En la Argentina, en tanto, el Gobierno de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri -de diferente signo político- coincidieron en algo. Permitieron y alentaron la instalación de una base de “observación” en la Patagonia de uso exclusivo del gobierno chino. Allí está vedada la participación de funcionarios argentinos. Nadie se puede acercar a ver de qué se trata esa gigantesca antena capaz de recoger las comunicaciones en todo el continente. Solo uniformados con bandera roja y estrellas amarillas pueden cruzar sus portones.

El desconocimiento mutuo

Pero tampoco se trata de demonizar todo el flujo de capitales que ha llegado o pueda llegar en el futuro desde la potencia oriental.

Claramente China se ha convertido en el segundo emisor global de inversiones extranjeras directas y a algunos países latinoamericanos se les hace muy atractivo atraer inversión de ese país, pero en general no se comprenden las características específicas de la inversión china. 

Enrique Dussel Peters, responsable de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (ALC-China), señala en este punto que más del 70% de las empresas chinas que invierten en la región es propiedad del Estado del monstruo asiático y esto tiene implicancias técnicas, económicas y políticas. “Si hay problemas con la empresa china, habrá problemas con todo el sector público chino. Se debe conocer a quien invitas a la fiesta, porque te podés llevar una sorpresa”, afirma el investigador y ejemplifica: “Hay casos en México o en Brasil, en los que el fracaso de un proyecto que deja mal parada a una empresa pública implica el congelamiento de la relación bilateral con múltiples efectos hasta en temas deportivos, culturales, de intercambio académico y también de financiamiento”.

Del otro lado del mostrador, el desconocimiento de las normas laborales y del mercado industrial latinoamericano por parte de algunas empresas que “apenas hace cinco años comenzaron a sacar las narices de China” termina beneficiando a su propia economía y perjudicando la local. “Quien invierte, por ejemplo, en un país de América Latina, en una empresa de telecomunicaciones, y desconoce quién desarrolla software allí o dónde comprar el hardware que necesita, lo más fácil será comprarlo en China si la contraparte de la región me lo permite, no hace una solicitud explicita o no me ayuda a encontrar proveedores en la región. El resultado será poca generación de empleo y poca integración local, nacional o regional”.

Dussel Peters sugiere que “la corresponsabilidad está en los gobiernos y organismos empresariales que promueven la integración con China” porque “no se trata solo de atraer inversión sino también de ofrecer un acompañamiento; algo que muchas veces no se hace y después se llevan sorpresas como pensar que los chinos comprarían los tornillos en mi país, y luego encontrarse con que llegan con un barco lleno de tornillos que hace quebrar la industria de tornillos local”. 

El espejismo de apurar acuerdos con China, obnubilados por grandes montos a corto plazo ya se vivió en Chile en 2005, con el acuerdo entre Codelco y Minmetals, por medio del cual se constituyó un joint venture que dio origen a Cupic. Dicha sociedad -en la que cada empresa tenía un 50%- fue establecida en las Bermudas. A ella, Codelco le vendería 836.250 toneladas de cátodos de cobre en un período de 180 meses, que vencen en mayo de 2021, a precios de entre US$ 1,03 y US$ 1,05 la libra.

La operación también consideró que Minmetals comprara a Cupic a precio de mercado, la misma cantidad de cobre y por el mismo período del contrato. En marzo de 2006, Cupic hizo un pago anticipado por US$ 550 millones a Codelco a cuenta de las entregas futuras de cobre, recursos que utilizó para expandir algunos de sus yacimientos.

Esta operación, que en su momento fue ampliamente celebrada, no logró anticipar sin embargo el auge que posteriormente vivieron las materias primas, lo que devino en un negocio altamente perjudicial para los intereses de Codelco. Cálculos posteriores estiman entre 5 mil y 7 mil millones de dólares el monto que dejó de percibir la cuprera estatal por este acuerdo.

Aparentemente las lecciones se han aprendido al menos en parte. En 2018 fue anunciado con bombos y platillos el proyecto de conexión ferroviaria entre Santiago y Valparaíso por parte del consorcio TVS, que cuenta entre sus integrantes a la poderosa empresa oriental China Railways (además de Sigdo Koopers e Infralatam). Si bien la propuesta se puso como meta “para la galería” de cumplir una larga y sentida aspiración en la población de la zona, la inversión (100% privada según el consorcio) pasaba por un acuerdo directo que despejara el camino para la obra: buscó concretar la iniciativa a través de la Ley de Ferrocarriles en vez de la normativa de concesiones, marco en el cual su ejecución sólo necesitaba la aprobación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

¿El objetivo principal? no el traslado de pasajeros, que era más bien un agregado, sino el control del transporte de carga desde y hacia los puertos de Valparaíso y San Antonio. Desde el Gobierno, sin embargo, se optó por trasparentar lo que se avizora como una obra pública emblemática, abrir el abanico y aprovechar de estudiar otras propuestas vía Dirección General de Concesiones, donde entró a la discusión nuevamente el consorcio liderado por Agunsa. El Presidente Piñera declaró a ambos proyectos como de interés público en su cuenta pública de 2019. Obligada a cumplir con la normativa, y habiéndose comenzado a sincerar los verdaderos costos (EFE señaló que alcanzan los US$ 4.500 millones y no US$2 mil millones anunciados inicialmente), China Railways terminó por abandonar el consorcio en septiembre del año pasado, siendo reemplazada por la española Acciona. El proyecto, dicho sea de paso, entró en proceso de hibernación.

La trampa de la deuda

El caso de China Railways en TVS se diferencia de muchos proyectos de inversión de origen oriental esparcido por Latinoamérica, que buscan los acuerdos directos bajo el espejismo de resultados a corto plazo, recursos frescos, pero sin leer la letra chica.

África y Asia estás llena de dichos acuerdos que los países receptores no pueden pagar y significan entregar en bandeja de plata concesiones y nuevos préstamos en condiciones cada vez más duras que dejan a los gobiernos atados de manos. El ferrocarril que une a la capital de Etiopía con el puerto de Yibuti en el Mar Rojo, con un costo de US$ 3.500 millones, ha causado tales problemas económicos que el país africano se vio obligado a ampliar el plazo de pago de la deuda contraída de 10 a 30 años, con la sobrecarga presupuestaria de rigor, amen de ríos de sobornos.

Sin ser este proyecto ferroviario la única causa, es necesario destacar que las deudas de Yibuti con China saltaron a más del 80 por ciento de su producción económica anual. La deuda de Etiopía con China, en tanto, equivale al 20 por ciento de su producción anual.

La trampa de la deuda y el aluvión de sobornos a altas autoridades también se abatió sobre Sri Lanka (en Asia), que se empecinó en un proyecto portuario con perspectivas poco halagüeñas. Obtuvo un crédito en China por poco más de US$300 millones a condición que la obra fuera construida por una empresa oriental. El fracaso económico del puerto obligó a sucesivas repactaciones que elevaron la deuda a US$8 mil millones. A fines de 2017, Sri Lanka aceptó arrendar la operación del puerto por 99 años y US$1.100 millones, pero igualmente debe cumplir con el pago de los créditos adquiridos previamente. Desde esta concesión, China ha creado un verdadero enclave económico, con usos militares que han puesto en alerta a India su rival regional.

Volviendo a Sudamérica, la historia de la construcción de la represa Coca Codo Sinclair en Ecuador parece reunir varios de los problemas más urgentes que aquejan a la región en los últimos años y de las características que Beijing reúne para poder quedarse con recursos naturales ajenos.

La presa, construida por la empresa china Sinohydro, fue uno de los proyectos insignia del gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007–2017). Su inauguración en 2016 contó con la presencia nada menos que del jefe de estado chino Xi Jinping. El costo del proyecto se estima en unos 2.245 millones de dólares, la mayoría de los cuales -1680- fueron prestados por el banco chino Eximbank. Sin embargo, cálculos independientes afirman que el costo real fue mucho mayor. Además, todos los funcionarios involucrados en el proyecto terminaron presos por corrupción.

Para colmo, la construcción de la obra fue encargada a Sinohydro de manera directa y sin ninguna licitación internacional. Supuestamente debía producir más de 1.500 megavatios de energía “limpia y renovable” y cubrir el 30% de la demanda eléctrica de Ecuador con un tiempo de vida útil de 50 años, pero en la actualidad no funciona en su total capacidad e incluso el tendido eléctrico que se realizó para transmitir la electricidad al sistema interconectado está subutilizado. Pero aún, en 2018, dos años después de su inauguración, en la presa aparecieron miles de fisuras y cada vez más expertos advierten sobre la posibilidad de un desastre.

La obra se realizó en contra de todos los estudios y advertencias sobre las condiciones geológicas de la zona, en la que hay un volcán activo y es sujeta a terremotos, sin embargo, altos funcionarios presionaron para avanzar con la construcción del proyecto porque un nuevo estudio habría tomado varios años y no querían retrasarlo.

¿Qué hará China? Aún es un misterio. De momento se ha contentado con dar el visto bueno a la reprogramación de un tramo de deuda de casi US$900 millones de parte del gobierno ecuatoriano, aunque esto no es más que el reflejo de un escenario en el que se tambalea la economía mundial y cada vez más países le informan a Beijing que no pueden efectuar los pagos de su deuda. Lo anterior, consecuencia del otorgamiento de préstamos globales a diestra y siniestra por parte de la potencia oriental, canalizando cientos de miles de millones de dólares a distintos países con la intención de ampliar su esfera de influencia y convertirse en una superpotencia política y económica. Los acreditados entregaron en garantía puertos, minas y otras joyas de la corona.

Si reestructura los préstamos o condona las deudas, podría causar una gran tensión en su sistema financiero y enfurecer al pueblo chino, que ya sufre debido a su propia ralentización. Por otra parte, si China exige los pagos ahora que los países ya están enfadados con Beijing por su manera de manejar la pandemia, podría poner en riesgo su misión de convertirse en una nación con influencia global.

El escenario no es fácil, y América Latina debería tomar nota de lo que ya se vive en otras partes del globo. No cortar lazos ni flujos de capitales, pero sí poner orden y especial atención a las formas en que se asumen estas relaciones económicas y, en especial, a la letra chica de los contratos.

Actualmente la República Popular China apunta a ser la potencia del Siglo XXI, valiéndose a tal efecto de diversas inversiones en todos los continentes, distintos tipos de acuerdos –principalmente de carácter comercial– y préstamos, estrategia que se complementa con la implementación del ambicioso proyecto socioeconómico conocido como ‘OneBelt, One Road’ (Obor).

Por lo que busca vincularse con ella activamente. ¿Cómo logra vincularse China con los países del continente? ¿Cuáles son sus principales inversiones económicas en países tales como Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Perú?

Con Xi Jinping como presidente de la RPCh desde 2013, se ha reforzado la idea de relacionarse con países en vías de desarrollo. A la hora de vincularse comercialmente con otros actores del sistema internacional, el Estado chino está siempre presente, cumpliendo una gran cantidad de roles según cada caso: Como dueño de empresa, como socio o como quien autoriza o no una operación.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el intercambio comercial con China ha sido globalmente deficitario para la región. El 10% de las exportaciones de bienes en 2017 tuvo como destino a China, de donde procedió el 18% de las importaciones. Entre los países que presentan superávit comercial, se encuentran Brasil, Chile, Venezuela y Perú.

Las inversiones chinas se han centrado en los recursos naturales, además de inversiones en transporte, principalmente en actividades portuarias y ferroviarias, sin dejar de lado las commodities. A su vez, las empresas automotrices han decidido invertir en países del continente, tales como Argentina y Colombia, entre otros. Adicionalmente, puede considerarse los acuerdos por inversión en construcción e infraestructura, en los que Argentina, Venezuela y Ecuador recibieron contratos de este tipo, recibiendo U$S 16.790 millones, U$S 16.370 millones y U$S 6.640 millones respectivamente.

En relación a los Tratados de Libre Comercio, es importante señalar que China los ha firmado con Chile (2005), Perú (2009) y Costa Rica (2010). El TLC con Colombia se encuentra en proceso de negociación.

En el caso de Argentina, la relación bilateral con la RPCh es de gran importancia, tratándose de uno de sus principales socios comerciales. Sus inversiones se destacan en los siguientes sectores: transporte, energía, minería, tecnología y actividad agropecuaria.

Dentro del sector transporte, el Ministerio de Transporte de Argentina firmó con China Railway Stock Company un acuerdo de compra por 200 vagones y partes relacionadas (insumos, repuestos y accesorios) por 2.000 millones de yuanes, o U$S 229 millones, con el objetivo de modernizar 10.000 kilómetros de vías, según Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura. Mientras tanto, en el sector energético, China se ha involucrado en la construcción de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en la provincia de Santa Cruz. A su vez, la empresa National Nuclear Corporation plantea construir dos nuevas centrales nucleares, mientras que la empresa National Offshore Oil Corporation está interesada en los hidrocarburos. Para las inversiones de infraestructura, es importante destacar la construcción de una base militar en la provincia de Neuquén.

En el caso de Chile, debe señalarse que se trata del primer país de la región en firmar un Tratado de Libre Comercio con China en 2006, por lo que China se transformó en su principal socio comercial. Para ella, Chile resalta en el sector minero, el forestal y el tecnológico, habiendo también inversiones en infraestructura, específicamente de transporte, y en el sector energético.

Así, por ejemplo, en el caso de la actividad minera, la empresa TianqiLithium adquirió una participación de 24% en la empresa minera chilena de litio SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) por U$S 4.000 millones. A su vez, China ha decidido centrar sus inversiones en una actividad tradicional de la economía chilena: la explotación de cobre. En el sector energético, la firma Southern Power dio a conocer la adquisición del 28% de las acciones de la compañía chilena de electricidad Transelec.

En el caso de Colombia, se trata de uno de los países de menor cantidad de inversiones por parte de la RPCh. Sin embargo, se está intentando revertir la actual situación a partir de un TLC en proceso de negociación y de inversiones principalmente en la exploración en el sector petrolero, además de la llegada de empresas chinas en el sector tecnológico.

El principal ejemplo puede encontrarse a partir de la inversión de U$S 300 millones de la empresa china Sinochen en la petrolera Emerald Energy.

En el caso de Panamá, pueden encontrarse inversiones chinas en infraestructura y transporte. Así, recientemente, las empresas China Communications Construction Company y China HarbourEngineering Company LTD ganaron la licitación por la construcción del cuarto puente del Canal de Panamá. Además, la empresa China Landbridge Group se adjudicó la construcción de un puerto de contenedores en Colón, y se evalúa participar en la construcción ferroviaria. A su vez, se resalta la construcción de un puerto de cruceros.

En el caso de Perú, el sector de principal interés para inversiones chinas es el minero. Asi, en el año 2018, estas se acercaron a los U$S 997 millones. Sin embargo, la RPCh ha comenzado a invertir también en los sectores de infraestructura, transporte y energía.

Para la construcción de la Central Hidroeléctrica San Gabán III en Puno, una compañía china ha asumido el costo de U$S 438 millones, y también se ha acordado la construcción de la Hidrovía Amazónica, que busca atravesar cuatro ríos del Amazonas peruano y conectar sus puertos.

Los préstamos de capitales de origen chino también constituyen una gran parte de la influencia que el país asiático ejerce en los países destinatarios de este tipo de inversiones. A pesar de ser criticadospor instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los países que reciben estos swaps, los ven como una gran ayuda económica, sin intereses o criterios exigentes de por medio, constituyéndose como una alternativa a la financiación tradicional existente desde mitad del Siglo XX.

A nivel continente, los principales prestamistas chinos, el China Development Bank y Export-Import Bank of China (Chexim) han emitido 85 préstamos entre los años 2005 y 2017, sumando un total de U$S 150.4 miles de millones, en las áreas de transporte, energía e infraestructura. Sus principales receptores en el continente son Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela.

Finalmente, en el marco de Obor, es importante señalar que tanto Chile, como Panamá y Perú han accedido a la firma del mismo, mientras que Argentina y Colombia no forman parte. Sin embargo, Argentina ha reconocido en una declaración conjunta presidencial, durante el último G20, que la iniciativa inyectaría dinamismo a la cooperación sino-argentina.

La medida sería de gran beneficio para la RPCh si se implementa con éxito, ya que conseguiría reorientar la economía mundial estableciendo a China como eje, y mejorandovínculos comerciales con los países adherentes.

En resumen, puede observarse un marcado interés del gigante asiático por nuestra región, principalmente en infraestructura, energía, minería y transporte. Su creciente participación en el continente puede resultar beneficiosa para los países en tanto sepan aprovecharla, pero los mismos deben tener en mente que Estados Unidos puede no estar pensando lo mismo.

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