Cientos de guatemaltecos quemaron este sábado una parte de la sede del Congreso en la ciudad capital, en protesta por la aprobación del presupuesto para 2021, el más alto en la historia del país, pidiendo a su vez la renuncia del presidente Alejandro Giammattei por avalar el monto que será destinado en gran parte a financiar a empresarios privados.
Los hechos de violencia tuvieron lugar en momentos en que alrededor de 7.000 personas se manifestaban frente al Palacio Nacional como parte de una protesta convocada anticipadamente y en la que los guatemaltecos también repudiaron la corrupción.
Los manifestantes protestaban contra el presupuesto, que según los manifestantes fue negociado y aprobado por legisladores en secreto mientras el país centroamericano estaba lidiando con las consecuencias de huracanes consecutivos y la pandemia de coronavirus.
Los manifestantes, en su mayoría encapuchados, rompieron la puerta de ingreso al Congreso y las ventanas, y avanzaron para destruir las instalaciones. Las llamas en el palacio Legislativo eran evidentes desde la calle y la Cruz Roja Guatemalteca atendió a varias personas por intoxicación, dijo el periodista Andrés Lemus, vocero de esa entidad.
“Nos indigna la pobreza, la injusticia, cómo se han robado el dinero del pueblo”, señaló Rosa de Chavarría, profesora de psicología de la universidad pública de San Marcos de Guatemala.
Luego de prender fuego a varias oficinas fueron desalojados por fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos apagaron el incendio. Los bomberos dijeron que una parte importante de la sede del Congreso fue consumida por el fuego, específicamente la sección adonde ingresan las propuestas de ley.
El vicepresidente Guillermo Castillo ofreció renunciar y también le pidió al mandatario que diera un paso al costado. Sin embargo, el presidente Alejandro Giammattei escribió en Twitter que «Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley«.
La protesta también se dirigía contra la Corte Suprema de Justicia por tramitar el retiro de inmunidad a magistrados constitucionales, que con sus fallos han frenado varios intentos de políticos por detener la lucha contra la corrupción e impunidad.
Asimismo, también apuntaron contra la fiscal general Consuelo Porras por haber solicitado el retiro de inmunidad de los magistrados constitucionales y su falta de acción en persecución penal en algunos temas de corrupción, según los críticos.
Lo que colmó la paciencia de la ciudadanía guatemalteca fue el manejo que se le dio a la discusión del presupuesto en el Congreso, que terminó aprobando unos 12.700 millones de dólares la madrugada del miércoles mientras la población dormía.
