Durante años los chilenos hemos destacado y promovido la proyección marítima y antártica del país. Nos hemos definido como una nación con vocación oceánica, impulsando iniciativas y fomentando instituciones que han sido pioneras en el desarrollo del Derecho del Mar y antártico.

Con mayor o menor énfasis, las distintas administraciones han abordado los intereses nacionales en este ámbito, sea a través de la protección del océano, de la creación de Áreas Marinas Protegidas, del combate a la pesca ilegal, del cuidado del medioambiente marino, entre otras iniciativas gubernamentales. También comprometiéndose con diversas causas de alcance global o internacional.

Diversos estudios han resaltado recientemente la importancia estratégica que se le asigna a la proyección oceánica del país como una de las prioridades de nuestra política exterior. Del mismo modo, la privilegiada ubicación geográfica de nuestro territorio, nos permite ostentar la calidad de un país tricontinental: América del Sur, Oceanía y Antártica. Ello debería ser motivo de orgullo pero también de compromiso.

En efecto, esta condición extraordinaria, así como los altos intereses que están en juego, exigen claras señales de compromiso y coherencia de parte de las autoridades encargadas de la definición y ejecución de las políticas públicas relativas a los intereses oceánicos del país.

El éxito de una política nacional oceánica radica fuertemente de la capacidad y empeño que asumen los gobiernos en su ejecución. No basta su anuncio o declaración. Tenemos la costumbre de proclamar políticas y medidas, con bombos y platillos, que luego desaparecen o se ven debilitadas, a raíz del escaso o insuficiente compromiso político de las autoridades competentes.

Un claro ejemplo de esta falta de interés, es la pasividad con que ha actuado el Estado de Chile en la defensa de sus intereses marítimos y antárticos en el Mar Austral frente a la iniciativa Argentina, donde por años hemos transmitido una incoherencia entre las palabras y la acción.

Pero el caso anterior no ha sido el único ni el último. Teniendo presente el importante rol que cumple la Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), en la protección y conservación del océano, incluyendo el control del transporte marítimo, el cuidado del medioambiente marino, el combate a la pesca ilegal, entre otras, llama poderosamente la atención la importante rebaja, en casi $1.400 millones, que experimentó el presupuesto asignado a esta repartición para el próximo año.

A ello se debe agregar el destino extraordinario de recursos para controlar y combatir la pandemia, lo que implica que para el año 2021, la Directemar no dispondrá de todos los recursos necesarios para dar cumplimiento adecuado a la misión que se le ha encomendado, quedando nuevamente en evidencia la incoherencia entre el discurso político y la acción.

Todos deseamos proteger nuestro mar. Para ello necesitamos no sólo de políticas públicas e iniciativas que apunten a la sustentabilidad del océano, sino que también dotar de los recursos necesarios a los organismos encargados de ponerlas en ejecución. De lo contrario, estas políticas y medidas corren el riesgo de naufragar en el océano de las buenas intenciones.

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