El Parlamento de Nicaragua, el cual es dominado por el Gobierno que encabeza Daniel Ortega, aprobó este lunes, por amplia mayoría, una ley que impide a la oposición participar en las próximas elecciones de 2021, lo cual ocurre luego que Estados Unidos anunciara sanciones contra tres de sus funcionarios.

En una sesión extraordinaria, los 70 diputados sandinistas decidió aprobar la denominada ley de “Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, la cual solamente 14 parlamentarios del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) la rechazaron por considerarla inconstitucional.

Lo llamativo de esta ley es que fue tramitada de urgencia e impide postularse a cargos públicos y de elecciones popular a quienes el Gobierno de Ortega considere a su criterio “golpistas” o “terroristas”, a pesar que la Constitución del país establece el pleno derecho a participar políticamente a todos los ciudadanos sin excepción.

La ley señala que no podrán participar en los comicios generales de 2021 quienes “encabecen o financien un golpe de Estado…, inciten a la injerencia extranjera, pidan intervenciones militares…, propongan o gestionen bloqueos económicos o demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.

Incluso más, la normativa añade que “serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”. Incluso el Código Penal nicaragüense establece sanciones de hasta 15 años de prisión a quienes cometan delitos de “terrorismo” y “traición”.

El tema de la traición fue sacada a colación luego que Ortega calificara de “golpistas” y “terroristas” a los opositores que participaron en las protestas sociales de 2018 y que dejaron como saldo al menos 328 muertos, cientos de detenidos y unos 1.000 exiliados, cifras que posee la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta aprobación se da en una jornada en donde el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Ortega como el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar; el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez y el jefe de Policía, Fidel Domínguez, acusado de dirigir la represión contra los opositores en el departamento de León, en el oeste del país.

De acuerdo a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, estos funcionarios “son responsables por cooptar mecanismos judiciales o financieros para apoyar al régimen de Ortega en la identificación sistemática, intimidación y castigos contra la oposición política”.

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