Este mediodía partió en el Tribunal Constitucional (TC) la audiencia pública sobre el requerimiento de inconstitucionalidad presentado el 15 de diciembre pasado por parlamentarios de oposición, a través del cual cuestionan 13 artículos contenidos en el proyecto de ley de Migración y Extranjería, que fue aprobado a principios de diciembre del año pasado en el Congreso.
El recurso refleja las críticas de diversas organizaciones de migrantes y grupos políticos opositores, que piden una norma que apunte a la regularización migratoria, se respeten los derechos humanos, se avance en cohesión y bienestar social, se mejoren las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras chilenas y extranjeras y se respete el derecho de hijos e hijas de migrantes.
Es así que en la audiencia de este lunes expondrán representantes de la Asociación por las Libertades Públicas; el Movimiento de Acción Migrante; la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes; la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile y el Comité de Refugiados Peruanos en Chile; de la Red de Universidades por la Infancia de Chile; María Emilia Tijoux Merino, de la Universidad de Chile; además de abogados, expertos y representantes del gobierno y la derecha.
El diputado Boris Barrera (PC), que será uno de los expositores, señaló que la ley aprobada recientemente es un retroceso, una grave violación de los derechos humanos y un incentivo al flujo de personas de manera irregular.
Entre los puntos cuestionados destacan la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, a pesar de crear el Servicio Nacional de Migraciones, aún “se mantiene la potestad al Subsecretario del Interior de expulsar a extranjeros sin una causa legal definida”, señala la presentación del conglomerado.
Gobierno cuestiona requerimiento
En tanto, este lunes en la mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, cuestionó desde la Región de Tarapacá el requerimiento presentado por el Frente Amplio y otros diputados de oposición al TC.
Fue así que el subsecretario señaló que, «de acogerse el requerimiento del Tribunal Constitucional del Frente Amplio, es justamente lo contrario lo que se lograría, se inhibe a las policías de hacer control en las fronteras«.
“Incluso, poder establecer una visa consular en el extranjero en aquellos casos donde el interés nacional prime o donde hay un flujo irregular muy potente”, subrayó.
En dicho contexto, Galli sostuvo que hace “ocho años presentamos un proyecto de ley para ordenar la casa, una nueva ley migratoria para Chile que pretendía una migración ordenada, segura y regular”.
El Frente Amplio busca impugnar 13 puntos en total, entre ellos destacan la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, a pesar de crear el Servicio Nacional de Migraciones, aún “se mantiene la potestad al Subsecretario del Interior de expulsar a extranjeros sin una causa legal definida”, señala la presentación del conglomerado.
