Este jueves se publicó en el Diario Oficial la toma de razón por parte de Contraloría General de la República al decreto supremo -ingresado el pasado 12 de enero- que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras del país para combatir el tráfico ilícito de migrantes.

Dicha modificación permite que las ramas de la Defensa Nacional puedan actuar en casos de migración por pasos no habilitados como una nueva facultad que se suma a las ya autorizadas en cuanto al combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En el documento que da luz verde al decreto, el contralor recalca que cuando se visó a la primera versión del decreto 265, en 2019, para autorizar el despliegue militar contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, se hizo «en el marco de la facultades que la Constitución y las leyes le confieren (a las FF.AA.), para que aquellas se desarrollen exclusivamente en zonas fronterizas».

Esta resolución llega justo en momentos en el paso de migrantes a Chile por el poblado de Colchane, en la región de Tarapacá, parece estar saliéndose de control, causando una verdadera crisis en la localidad fronteriza con Bolivia.

De hecho, el ministro de Defensa (s), Alfonso Vargas, declaró la mañana de este jueves durante su visita al Hospital de la FACh, que «para un pueblo de sus características es insoportable».

Además, admitió que la tarea de controlar la frontera «no es tan fácil», ya que «usted puede cubrir 10 o 20 kilómetros para cuidar que no ingresen, pero sencillamente las personas dan una vuelta un poco más larga y van a entrar igual al país».

En medio de este escenario, el ministro del Interior Rodrigo Delgado, anunció que recién la próxima semana viajará a la zona norte para gestionar en terreno las medidas del Gobierno, en medio de su exigente agenda que lo tiene en estos días preocupado del desarrollo del programa de vacunación contra el ciovid-19 en todo el país.