En el inicio del año escolar 2021, con su web el Instituto Geográfico Argentino ha puesto en circulación un nuevo mapa oficial para ilustrar la división político-administrativa y los límites internacionales de su país. De interés es que en dicho acto oficial del Estado argentino la sección aun no delimitada del Campo de Hielo Patagónico Sur, la denominada “Antártida Argentina“ (con sus “espacios oceánicos circundantes“), además de un sector de nuestra “plataforma continental jurídica“ proyectada desde las Islas Diego Ramírez, aparecen indicadas bajo la soberanía de nuestros vecinos.

Parte esencial de tales territorios pertenecen a la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Por años hemos manifestado preocupación por el avance del proceso de apropiación argentina de extensos territorios y recursos naturales australes chilenos, facilitada por una actitud remolona de nuestra Cancillería que, simplemente, esta fecha reciente se negó a reconocer la amenaza, y ha mal aconsejado a, por lo menos, los últimos cinco gobiernos.

Dominada por pequeños grupos de asesores externos “universalistas“, académicos, políticos y empresarios “cercanos a la relación bilateral“ (algunos de los cuales viajan con pasaporte extranjero),  majaderamente la Cancillería chilena insiste en que los derechos soberanos de nuestro país sobre “espacios oceánicos“ al sur y al sureste del Cabo de Hornos están resguardados en aspectos de detalle del Derecho Internacional. En concreto:

  • Que por razones de procedimiento (no de sustancia), no existe un plazo fatal para que nuestro país especifique los límites exteriores de su soberanía en el Mar Austral y la Antártica. Esto a pesar de que, antes del 13 de mayo de 2009,  Australia, Noruega, Francia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Argentina ya materializaron  reclamos territoriales en el sur más lejano del mundo;
  • Que también por motivos técnico-jurídicos, los derechos de Chile están, “inter alia“, resguardados por, muy importante, la “interpretación chilena“ de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del Tratado de Paz y Amistad de 1984;
  • Que la ausencia de un reclamo equivalente al argentino de 2009, que especifique nuestros derechos soberanos, debe en última instancia entenderse como un acto ex profeso, concebido para ejercer lo que la Directora de Difrol ha descrito como “nuevas formas“ de proyectar el interés nacional para preservar la “madurez“ de la relación bilateral.

Aquí, en definitiva, reside la equivocada lógica del reciente apoyo del Presidente Piñera a las pretensiones territoriales ilustradas ahora en un mapa para los escolares argentinos.  

Con toda claridad la reciente dictación de una reciente ley del Congreso argentino (que ha sancionado los límites que ahora afirma el mapa oficial citado) demuestra más allá de cualquier duda que, en la “interpretación argentina“ del Derecho del Mar y del Tratado de Paz y Amistad, las razones arguidas en una pocas y tenues notas diplomáticas chilenas han tenido, para parafrasear a un ex canciller ahora candidato presidencial, “importancia ninguna“ sobre las pretensiones de nuestra Contraparte.

Es evidente que para Argentina se trata de un “hecho consumado“ que de manera dramática nos impone  -en los hechos y en el derecho- un nuevo diferendo limítrofe.

El Austro chileno es mucho más que un “laboratorio natural“ para la cooperación internacional. Su defensa requiere que las máximas autoridades del país comprendan que estamos en presencia de un problema cuya solución no es ni técnica ni de procedimiento: en realidad, y como ya lo entiende gran parte de nuestra opinión pública, se trata de un complejo problema político, geopolítico y geoestratégico.

La solución de esta amenaza exige que el propio Presidente de la República tome cartas en el asunto. En definitiva, esta es no solo su obligación constitucional, legal, administrativa y política, sino que es su obligación con la historia de sacrificios hechas por la sociedad chilena durante las negociaciones del Tratado de Límites de 1881, y los procesos del Laudo Arbitral y la Mediación Papal.

Es sobre el Presidente Sebastián Piñera sobre quien recae la enorme responsabilidad de enfrentar sin demora este desafío, demostrando su voluntad política y efectuando los cambios y las correcciones estructurales que exigen las graves circunstancias.

Para ello es imprescindible que el Presidente cuente con el apoyo irrestricto de nuestra diplomacia profesional (que poco y nada ha podido hacer hasta ahora), de todas las instituciones de la defensa y, por sobre todo, de los millones de patriotas de izquierda y de derecha, para quienes la integridad territorial de la República debe estar efectivamente asegurada.

*Jorge G. Guzmán Mag., MPhil & PhD Polar University of Cambridge, MagallaniaCorp-Punta Arenas

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