Sin duda el debate político en Chile transita pendularmente entre el proceso electoral y las medidas para contener el contagio de la pandemia. Entre este debate se inscribe el objetivo gubernamental para recuperar confianza y mayor apoyo ciudadano, donde no solo se reconozca la eficiencia del proceso de vacunación, sino que logre credibilidad y se supere la percepción de aislamiento del Gobierno.

Desde la perspectiva institucional, el desalineamiento institucional constituye un serio obstáculo para dar viabilidad a las propuestas gubernamentales que permitan resultados a la ecuación entre la recuperación económica, control de la pandemia y proceso electoral legítimo.

Desde la perspectiva de partidos, la cooptación de las precampañas presidenciales de las elecciones de Concejales, Alcaldes, Gobernadores y Convencionales generan una confusión en todos los niveles de la política, afectando negativamente el proceso constituyente cuyas implicancias están plagadas de incertidumbre futura respecto a estabilidad y gobernabilidad democrática.

El panorama de los partidos políticos no resulta ser menos, pues está viviendo un proceso de fragmentación y debilidad en las identidades ideológicas de cada partido, donde el resultado ha sido el incremento de candidatos y líderes que bajo una imagen de independientes pretenden ser una alternativa ante las difusas propuestas de los partidos y sus respectivas campañas donde los temas recurrentes son comunes y no cooperan al fortalecimiento democrático, sino que por el contrario, generando vientos de populismo y autocracia.

Todos los factores reseñados apuntan a un debilitamiento democrático que precisa atención de todos los sectores de manera mancomunada y alineada. Ello convoca al empresariado (independiente de su tamaño), a las distintas instituciones estatales de todo tipo, donde destacan el poder judicial, la fiscalía, el poder legislativo, ministerios de economía, hacienda, salud e interior. Es imperioso fortalecer la vía institucional. Hoy día no es suficiente el optimismo declarativo de las autoridades, más bien se requiere acciones creíbles para lograr un proceso eficiente y acorde a las expectativas ciudadanas.

El equilibrio, como se decía, depende de que los factores: la recuperación económica, control de la pandemia y proceso electoral legítimo se planteen en el mismo espacio político y ciudadano.

Son estos tres factores los que determinarán en las próximas semanas la temperatura del escenario político. En este sentido y en lo inmediato, las claves serían:

  1. Cualquier cambio de fechas electorales precisa de un alineamiento entre poder ejecutivo y legislativo, toda vez que implica aprobación de leyes específicas con quorum calificados. Implica negociación transparente, con información compartida con la ciudadanía y voluntad política. La situación actual nos señala que la percepción de aislamiento del gobierno y su evidente déficit comunicacional constituye una primera cuestión a superar. Del mismo modo, las declaraciones de la segunda autoridad de la república, como es la presidenta del senado, quien señala que su objetivo es la unidad de la oposición se constituye en un problema democrático concreto. El cambio de fecha juega en contra de los objetivos del Gobierno y la posibilidad de generar un escenario de razonable gobernabilidad.
  2. Las cuarentenas y restricciones por el aumento del contagio, aún no considera los nuevos rebrotes y ni las nuevas cepas. La información disponible para la ciudadanía resulta incompleta y confusa y ello se trasforma en un incentivo para la expresar la indignación social. La percepción de que las medidas sanitarias dependen de factores de recuperación económica está jugando en contra de la credibilidad del plan Paso a Paso.
  3. Mientras exista pandemia y necesidad de confinamiento, la ayuda estatal mediante aportes directos a los bolsillos de la población se transforma en la opción válida para asegurar el retorno a actividades que posibiliten la generación de una ansiada pero limitada normalidad social, política y económica.
  4. El orden de prioridad en los criterios de decisión política es, Primero: Generar y demostrar capacidad para una tranquilidad y confianza social. Segundo: capacidad de garantizar el proceso electoral con o sin cuarentena, que haga creíble y legítimo el proceso; y, tercero: establecer las condiciones graduales de recuperación económica para que todos los actores se alineen respecto de ellos.

En definitiva, si no se coloca y percibe que la tranquilidad social frente a la pandemia es el articulador que entrega certezas y éxitos a los demás parámetros, la gobernabilidad democrática estará en creciente tensión, afectando todos los procesos políticos, económicos e institucionales.

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