Los estudios clásicos sobre los grupos de crimen organizado (GCO) asumen que en los países desarrollados estos se desenvuelven en una esfera distinta y opuesta a la del Estado. De este modo, mientras las autoridades intentan eliminarlos, los GCO buscarían que el Estado no se entrometa en sus actividades ilícitas, las que apuntan a conseguir el monopolio de una industria delictual específica gracias a la adquisición de poder coercitivo e información suficiente para convertirse en la fuerza dominante.
Por tanto, se trataría de un juego de suma cero entre representantes del Estado y los GCO, donde para que uno gane, el otro debe necesariamente perder.
Sin embargo, nuevas investigaciones constatan que en países en vías de desarrollo, donde el Estado no se ha consolidado completamente, los GCO más bien apuestan por lograr una coexistencia con las autoridades que sea funcional a sus objetivos. A estos grupos les preocupa alcanzar un dominio territorial selectivo —y no total—, en lo que se refiere al control de rutas, actividades económicas y seguridad de la zona donde operan. Pero, a la vez, necesitan de los servicios básicos que provee el Estado para que la gente que ahí vive pueda desempeñar actividades productivas. Es decir, prefieren un Estado débil y corrupto, y por tanto, manipulable, que uno ausente.
Conozca a continuación en detalle el análisis del Director Ejecutivo de AthenaLab, Juan Pablo Toro, sobre el impacto de las redes criminales en un país en desarrollo como Chile.
