A 10 años de la primera marcha estudiantil por educación pública, gratuita y de calidad, el Senado aprobó en general, por 25 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de ley que despenaliza las deudas por créditos para la educación superior.

Uno de sus autores, Juan Ignacio Latorre (RD) valoró la aprobación de la idea general de legislar “de un proyecto que presentamos en pleno contexto del estallido social, cuando yo era presidente de la Comisión de Educación, sobre la despenalización de las deudas educativas. Este es un paso en la dirección correcta, sin embargo, el tema de fondo la condonación de la deuda educativa y el reemplazo del CAE hacia un sistema solidario de financiamiento a la educación superior, sigue pendiente”.

El senador frenteamplista en su intervención recordó las marchas del 2011 donde “el tema del endeudamiento estaba en el centro, esta lógica de la mercantilización de la educación superior”. Finalizó su discurso señalando que “los 24 senadores de oposición firmamos con detalle las propuestas de reemplazar el CAE, terminar con el CAE, avanzar hacia la condonación lo más que podamos. Este es un tema país que sigue doliendo y nos tenemos que hacer cargo”.

Por su parte, la diputada de Comunes, Camila Rojas, también se refirió al proyecto indicando que “la propuesta de condonar la venimos empujando hace tiempo desde el FA,  desde 2017 en la campaña de Beatriz Sánchez. Hoy el proyecto que avanza en el Senado es una buena noticia para las y los deudores educativos, porque termina con varias discriminaciones e injusticias. Por ejemplo, hoy solo el CAE y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en Chile, este proyecto termina con ese y otros abusos inaceptables. Hay gente que ha perdido sus casas, que viven agobiados por las deudas adquiridas por ejercer su derecho a la educación. Con este avance en el Senado damos un paso firme hacia la condonación de las deudas educacionales y hacia un sistema educativo más justo”.

El proyecto vuelve a la Comisión de Educación y Cultura del Senado para su discusión en particular y tiene plazo de indicaciones para el 20 de mayo.

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