Este martes, el Juzgado de Garantía de Lota sobreseyó a los infantes de marina que habían sido imputados por la Fiscalía pese a denunciar un intento de atropello por parte de un civil en esta ciudad de la Región del Biobío.

El tribunal determinó que los funcionarios navales no tenían responsabilidad alguna en el hecho.

En paralelo, la justicia mantuvo la denuncia en contra del civil por homicidio frustrado.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron durante la madrugada del 13 de mayo del año pasado, cuando una patrulla de tres infantes de marina fue víctima de un intento de homicidio a la altura de la plaza Salvador Allende de la ciudad de Lota, cuando el conductor de un vehículo marca Jeep, al percatarse de la presencia de los uniformados, aceleró repentinamente y, sin hacer caso de la solicitud de detención, intentó arrollarlos. El personal naval, haciendo uso de su derecho de legítima defensa, efectuó disparos al aire con salvas, para luego disparar un balín de goma contra el vehículo en movimiento, impactando en la puerta. El incidente se saldó sin heridos.

Lo insólito del hecho aconteció instantes después cuando los uniformados acudieran a una comisaría de Carabineros a denunciar el hecho, donde al comunicarse el caso al fiscal de turno, Enzo Osorio, este instruyó a carabineros para que tomara la declaración a los militares no como denunciantes, sino como imputados, obviando abiertamente la ausencia de cualquier investigación o antecedente adicional para dicha determinación.

Los infantes de marina hicieron uso de su derecho a guardar silencio, e interpusieron un recurso de amparo, el cual fue acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción, que determinó que la decisión del fiscal Osorio era ilegal.

Sin embargo, la Corte Suprema revocó la medida, al fallar que los tribunales no pueden revisar la actuación de los fiscales, ya que están fuera de su control, pese a que no desconoció la conducta inapropiada de la Fiscalía.

La decisión del máximo tribunal y la actuación de la Fiscalía llevaron al entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, a salir en defensa de los funcionarios navales, señalando que “es muy dañino que un policía o militar, en el cumplimiento de su deber, cuando en virtud de la legítima defensa, que es impedir que una persona lo pueda matar o dejar gravemente herido en un control de toque de queda, finalmente el militar termine declarando como imputado, o sea, como si hubiera una investigación en su contra en circunstancias que es el denunciante“.

Además,  junto al ministro del Interior de aquel entonces, Gonzalo Blumel, se reunió con el Fiscal Nacional Jorge Abbott para abordar el caso sobre el caso, e instruyó además a los jefes de la Defensa en regiones para que se coordinaran con el Ministerio Público para evitar conflictos de este tipo.