Director de Human Rights Watch, afirmó que “no hay presos políticos en Chile” y que proyecto de indulto es “un grave error”

“No creo que sea necesario ni conveniente otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes, muchos de ellos muy graves, durante las protestas (...) desincentiva la obligación de protestar pacíficamente”, señaló.

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El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó como “un grave error” el proyecto de ley que busca indultar a los detenidos durante la movilización social de 2019, afirmando que “en mi opinión no hay presos políticos en Chile”. 

Entrevistado por El Mercurio, el personero comentó que “está claro que durante el estallido social Carabineros cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos que exigen una reforma profunda de esta institución, así como procesos judiciales serios que lleven a los autores de estos abusos ante la justicia“.

Explicó eso sí que “no creo que sea necesario ni conveniente otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes, muchos de ellos muy graves, durante las protestas”. Lo anterior, porque en su opinión “desincentiva la obligación de protestar pacíficamente”. 

Precisó también que “quienes hayan cometido un delito deben ser juzgados con todas las garantías del debido proceso. Aquí lo que corresponde es hacer un examen caso a caso de los procesos penales para asegurar el respeto pleno del debido proceso de los manifestantes acusados por delitos y, al mismo tiempo, iniciar una discusión seria sobre las normas que existen en la legislación chilena, por ejemplo sobre prisión preventiva, que se prestan a abusos”.

No hay presos políticos

Sobre su postura en cuanto a la inexistencia de presos políticos en el país, Vivanco explicó que “la categoría de presos políticos se aplica a personas que están detenidas por ejercer sus derechos básicos, como libertad de expresión, o asociación o el derecho a profesar una religión. También podrían calificar aquellos que están detenidos y acusados de un delito común, pero han sufrido violaciones graves al debido proceso por razones políticas”.

Sin embargo, argumentó que ante ello HRW no tiene conocimiento de “evidencias que sugieran que estos criterios existan en Chile”.

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