Junto con afirmar que en Chile no hay presos políticos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reiteró ayer lunes en La Moneda su rechazo al proyecto de ley de indulto a los presos del estallido social que se tramita en el Congreso, reconociendo eso si la necesidad de implementar cambios al actual régimen de prisión preventiva.

Por su rechazo a la iniciativa legal, el secretario de Estado explicó que «no hay delincuentes buenos o malos, hay delincuentes, y la ley no pregunta por los motivos que pudieran haber delinquido, sino si cometieron los hechos ilícitos, como un incendio o un homicidio, a otra persona, y si lo hicieron, tiene que seguir le rigor de la ley sin distinciones (…) nadie tiene privilegios en dicha materia».

«Muy mal precedente»

Recalcó que una ley de esas características, en su opinión «sería un muy mal precedente que frente a una presión política determinada, cualquiera sea su origen, los gobiernos empezaran a impulsar iniciativas para que las personas no sean juzgadas de los delitos que se les imputan. Yo no sé en qué país estamos».

Añadió que «si aquí hay un estado de derecho democrático y nadie, ni el Presidente de la República, ni sus ministros, ni los senadores ni diputados ni los ministros de las Cortes de Apelaciones o Suprema, están al margen de la ley. ¿Por qué algún grupo de personas tendría que estarlo? ¿Cuál es la igualdad ante la ley? (…) Esas personas que no estaban en el estallido social y sí cometieron delitos ¿no están tratados de la misma forma porque no hay un grupo político que no los está apoyando? Creo que la igualdad ante la ley es muy importante, que la autonomía de los tribunales funcione, que la autonomía del organismo persecutor penal los fiscales, el Ministerio Público, funcionen en forma autónoma es lo que el país necesita. Y mejoremos la legislación, revisemos las prisiones preventivas, pero lo que no podemos es establecer leyes que favorezcan a algunas personas mientras están siendo juzgadas; eso atenta contra el estado de derecho y eso es lo que todos debemos entender».

«Yo no sé como se revisan los presos del estallido social», señaló, añadiendo que «le hemos pedido a la Defensoría Penal respecto de los casos que está apoyando, que efectivamente revise caso a caso y estudie la situación».

«Lo que no podemos es intervenir en los juicios. Eso es contrario a la separación de los poderes públicos. El día que nosotros nos empecemos a introducir en medio de un proceso judicial, es muy complejo. Existe respecto de las personas condenadas, cuando hay circunstancias especiales, la posibilidad de un indulto, por ejemplo cuando una persona está en riesgo inminente de muerte (…) Pero indultar a una persona porque cometió un delito bajo ciertas causas personales o colectivas, no me parece que sea un buen precedente para el país, porque eso genera una diferenciación: hay personas que van a ser beneficiadas y otras que no porque representan una causa», precisó el ministro.

En este punto fue tajante en indicar que «entonces hay personas que tendrían licencia para incendiar, abusar de la violencia o intentar homicidio, y otras que no; cómo se explica esa diferencia de criterio. Aquí la igualdad ante la ley es un valor objetivo en una democracia como la chilena, como la democracia de cualquier país del mundo. Uno lo puede entender en la dictaduras donde ahí hacen vista gorda para quienes cometen delitos a favor de la dictadura y mano dura para los que cometen delitos en contra. Pero vivimos en una democracia y el estado de derecho democrático debe perfeccionar sus instituciones y las leyes como en este caso en la prisión preventiva, pero no puede intervenir, creo yo, en los casos individuales. Eso sería dar licencia para cometer delitos a algunos y no se ve por qué eso debiera ocurrir».

Mejorar la prisión preventiva

En relación a las críticas por los tiempos de permanencia de los detenidos a la espera de sentencia, Larraín hizo hincapié en que «nuestras instituciones pueden perfeccionarse, y una de las cosas que nosotros estamos planteando hace tres años es revisar la prisión preventiva. Incluso hicimos un proyecto de ley para incorporar la medida cautelar de tobilleras electrónicas en forma de evitar la prisión preventiva, una manera que muchas personas que hoy día están en ese sitial puedan tener un beneficio de seguir el proceso pero con una medida cautelar de esa naturaleza».

«Nos parece que en eso deberíamos avanzar», sostuvo, mientras recordó que en la comisión coordinadora del sistema de justicia penal «creamos en la última reunión un grupo que está trabajando la prisión preventiva».

Otro aspecto en el que destacó la necesidad de avanzar rápido es en el número real de personas vinculadas al estallido social que se encuentran en prisión preventiva.

«Estamos procurando qué pasa con la información, porque no tenemos datos exactos. No hay en los sistemas de información del Ministerio Público, de los Tribunales o de Gendarmería o de Defensoría Penal, uniformidad para saber cuándo una persona es enviada a prisión preventiva, si acaso corresponde a un delito de los que se cometieron durante el estallido social o en otras circunstancias».

Recalcó sobre las cifras que se manejan que «probablemente hoy día, según las cifras de las distintas instituciones, las personas que están bajo esa condición fluctúan entre 30 y 50 aproximadamente; no se sabe cuántas son. Y hay algunas personas que ya han sido condenadas y ya están cumpliendo una condena».

Además, indicó que «hay unas 40 que han sido condenadas. Las otras están en distintas situaciones de proceso, y estos tienen entre 200 y 500 días de desarrollo«.

«En fin, nosotros tenemos que mejorar ese sistema porque es lo que el país necesita, y dejar que los tribunales y el Ministerio Público actúen de forma independiente», acotó.