Indulto a presos del estallido propuesto por la CC enfrenta a la clase política

La petición de la mesa de la Convención Constituyente de pedir una amnistía a los "presos de la revuelta" ha puesto a los diputados y senadores a caminar en círculo que permita salir del entuerto en que se encuentra la elite política del país, cada día más desacreditada y sin confianza entre la ciudadanía.

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Una verdadera “espada de Damocles” a la clase política fue la propuesta hecha por la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, y su vicepresidente, Jaime Bassa, respecto a poner en tabla este lunes la posibilidad de una amnistía a quienes se encuentran en prisión por hechos relacionados con el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Hay que recordar que Bassa dijo tras asumir su cargo en la CC que “asumimos el compromiso de discutir una declaración de esta asamblea respecto a los presos de la revuelta”.

Además, la propia Loncón dijo que “fuimos mandatados por el pueblo y la democracia se tiene que hacer práctica e incluirlos a todos. Con jóvenes encarcelados, con mapuches encarcelados, no se puede vivir la democracia”.

En este sentido, diputados de Chile Vamos como Sebastián Torrealba (RN), Luciano Cruz- Coke (Evópoli) y Jorge Alessandri (UDI) no quedaron indiferentes ante el anuncio, rechazando la idea de otorgar un indulto a los presos.

Los parlamentarios, quienes han conocido la destrucción de cientos de puestos de trabajo y el más absoluto abandono psicológico de los habitantes de su distrito, aseguran que esta “condición” que intentan impulsar los constituyentes “es francamente impresentable y va totalmente en contra de las atribuciones que tiene la Convención”.

Torrealba, quien hizo hincapié en la necesidad de reparación de las reales víctimas de la delincuencia tras el estallido social reiterando que en Chile no existen los presos políticos.

La Convención Constitucional cuanto antes tiene que empezar el trabajo para el cual fueron electos: que es redactar una Constitución para todos los chilenos, y por eso me parece irresponsable que algunos convencionales pongan condiciones para iniciar este proceso. En Chile nadie está detenido por lo que piensa, sino por lo que ha hecho. Por lo tanto esperamos que estas personas enfrenten la justicia, porque son ellos los que le destruyeron la vida a miles de personas que hoy día viven en la zona cero de nuestro país”, enfatizó.

En la misma línea, Cruz-Coke agregó que los delitos por los cuales existen personas detenidas han sido determinados por tribunales y en un Estado de Derecho, es la Justicia a la que corresponde determinar las responsabilidades.

Muchos de los hechos investigados por la fiscalía corresponden a delitos graves con el agravante que algunos de los delincuentes presentan recurrentes detenciones por delitos similares. No es aceptable que quienes están procesados tengan un trato especial cuando se han quemado pequeños locales comerciales, centros culturales, museos, iglesias y se ha destruido sistemáticamente la vida de zonas de la ciudad durante casi dos años, afectando gravemente la existencia de sus vecinos. Defenderemos a los habitantes de las zonas afectadas para que puedan rearmar sus vidas sin temor a nuevos asaltos, permitiéndoles vivir en paz y reparar sus derechos vulnerados sin la amenaza de la impunidad”, aseguró.

Por su parte, Alessandri espera que en los días venideros los constituyentes se empiecen a abocar a su pega, que es escribir una Nueva Constitución para proponerle a Chile y no salir con nuevas peticiones.

¿Se les olvidó que en las manifestaciones se pedía mejor salud? ¿mejores pensiones? ¿mejores trabajos y más dignidad? Ahora se saltaron todas esas prioridades de la gente y pusieron su prioridad política en lo que ellos llaman ‘presos políticos’. Los llamaría a no caer en los errores del mundo de la política y a concentrarse en su pega: escribir una Nueva Constitución”, concluyó.

En tanto, el secretario general de RN, Diego Schalper, reiteró el discurso de Chile Vamos, afirmando que “yo quiero decirles que en Chile No existen presos políticos. Así de claro”.

El informe más clave en esta materia lo hizo el poder judicial, que ha señalado que las personas que siguen en prisión preventiva por delitos vinculados al estallido social son 26: de las cuales el 58% lo ha hecho por robo en lugar no habitado y el 27% por delito de incendio. Promedian tres delitos por imputado. Entonces que no nos digan que en Chile hay personas presas por razones políticas, lo que hay son personas presas por cometer delitos en el contexto del estallido social. Y lo que realmente tenemos – más que presos políticos – son políticos presos de la demagogia, de la falta de rigurosidad y de falsedades”, agregó.

El parlamentario además destacó el “llamado que hacemos a aquellos convencionales que están hoy intentando hacer un hecho político, es que se apeguen a su mandato y se dediquen a trabajar que es para lo que los chilenos los escogieron”.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), dijo que “hay márgenes que se están transgrediendo y que nos parecen peligrosos. Torcer resoluciones judiciales no puede ser por cierto la prioridad de la Convención Constitucional, cuya creación se justificaba en la necesidad de una nueva Carta Fundamental para Chile”.

Se pueden compartir o no las distintas iniciativas de ley,  la Cámara probablemente lo pondrá en tabla en la eventualidad que se despache desde el Senado, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores con otras mociones, y serán los parlamentarios los resuelvan si apoyan la iniciativa o no. Sin embargo, en lo que respecta a mi rol como presidente de la Corporación, y tal como en su oportunidad fijé los márgenes  cuando se nos intentó establecer una comisión para estudiar la constitucionalidad de los proyectos, con la misma fuerza, abogo por el respeto y la independencia del Congreso Nacional como un poder del Estado autónomo y respetuoso de la institucionalidad que actualmente nos rige”, precisó.

La otra vereda

Sin embargo, la posición de la derecha se contrapone con la oposición que defiende el indulto a los denominados “presos políticos”.

El senador y presidente de la Comisión de DDHH, Alejandro Navarro estima que para que la CC funcione de “manera expedita y en tranquilidad, el Senado tiene que aprobar y despachar la ley de indulto”.

En ese sentido, acusó que los procesos judiciales que afectan a los presos “están llenos de irregularidades, atropellos, montajes. Creo que garantizar el proceso constituyente es hoy lo más importante para la estabilidad política y social de Chile”.

Por tal motivo, aseguró que espera que el Senado despache a la “brevedad” la ley de indulto que “debe convertirse en ley de la República al menor plazo posible”.

A su vez, el senador Juan Ignacio Latorre, valoró lo dispuesto por la CC para que se aborde el tema de los presos de la revuelta social y “puedan opinar, solicitar al Senado que avance en la tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General a los presos de la revuelta que presenté en diciembre del año pasado, que ya fue aprobado en las comisiones de DDHH y de Seguridad del Senado con votos favorables de la oposición y solo falta el trámite en la Comisión de Constitución del Senado para luego votar en Sala y que siga avanzando a la Cámara de Diputados”.

Nosotros venimos planteando hace tiempo que es una deuda pendiente, que hay que buscar una salida política a los presos del estallido social, y el proyecto de ley de indulto está plenamente vigente, de acuerdo a las facultades que nos da la actual Constitución incluso, sobre la posibilidad de que los senadores presentemos proyectos de Ley de Indulto General”, explicó.

En ese sentido, señaló que se trata de una “salida política en un momento constituyente, donde estamos reconstruyendo los vínculos sociales, un nuevo pacto social, y hay que buscar una salida política”.

Agregó que “el órgano constituyente es plenamente autónomo para hacer las solicitudes que estime pertinente, para facilitar su trabajo para la mayor paz social, que acompañe el proceso constituyente histórico que estamos viviendo, hacerle solicitudes a los otros poderes del Estado en determinadas materias y en este caso, sobre el Proyecto de Ley de Indulto General a los presos de la revuelta”.

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