Algo huele mal en La Cisterna: Cuestionan contrato de Secretaria Comunal de Planificación que arrastra reparos de la Contraloría en Recoleta

En total, Ana Ibarra podría recibir en paralelo a sus labores de confianza en La Cisterna, más de 200 millones de pesos por servicios que debiera prestar en Recoleta.

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La historia es la siguiente: Profesional cercana al nuevo alcalde de La Cisterna, tiene a cargo licitaciones millonarias y gran parte de los proyectos municipales. En paralelo prestaría servicios con un contrato que la liga hasta el año 2023 con la municipalidad de Recoleta. El Ministerio Público la investigó ante denuncias por estafa y una reciente auditoria de la Contraloría General de la República, a la municipalidad de Recoleta, da cuenta de errores en pagos efectuados a nombre de la profesional.

El recién asumido alcalde de La Cisterna, Joel Olmos Espinoza, independiente con fuertes nexos con el Partido Comunista, nombró a contar del 29 de junio de 2021 a través del Decreto Alcaldicio Nº 1809, como titular en el cargo de exclusiva confianza de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), a Ana Karina Ibarra Cádiz.  Entre sus funciones más importes, tendrá a cargo la unidad técnica que asesora al alcalde y al “Concejo Municipal” en la formulación de estrategias, desarrollo de programas y proyectos para la comuna de La Cisterna. Por dichos servicios se desembolsará una renta promedio superior a los 3 millones quinientos mil pesos.

Trabajadora Social de la Universidad Técnica Metropolitana, Ana Ibarra Cádiz, estuvo ligada a políticos de izquierda y en su historia política, aparece afiliada al Movimiento Amplio Social que lideró el Senador por el Bio Bio, Alejandro Navarro Brain. 

Pero anterior a su arribo a La Cisterna y de acuerdo a información a la que tuvo acceso INFOGATE, el 09 de febrero de este año, Daniel Jadue Jadue, alcalde de Recoleta, promulgó el acuerdo municipal número 29, a través del decreto exento 428, donde adjudicó la licitación Nº 2373-29- LQ20 por “Contrato de Suministros de Soporte Logístico para la realización de actividades municipales”, favoreciendo a la nueva Secplac de La Cisterna, Ana Ibarra Cádiz. El período de dicha contratación es a 24 meses desde el 01 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2023, con montos asociado según marco presupuestario para el presente año de $100 MILLONES; para el año 2022 de $125 MILLONES y para el año 2023, 10 MILLONES.  

En total, Ana Ibarra podría recibir en paralelo a sus labores de confianza en La Cisterna, más de 200 millones de pesos por servicios que debiera prestar en Recoleta.

En la mira de Contraloría

El 10 de marzo, días después de la adjudicación de dicha licitación, Contraloría General de la República a través de su Contraloría Regional Metropolitana, hizo entrega del informe final número 740, donde el organismo contralor entregó una extensa auditoria sobre la ejecución presupuestaria 2019 y gastos de publicidad y difusión en la Municipalidad de Recoleta.

Parte de dicha auditoría fue a los servicios de producción y desarrollo de eventos, prestado por Ana Ibarra Cádiz.  En esta parte, se logró establecer la falta de oportunidad en la emisión de los actos administrativos que aprobaron la licitación pública denominada “Suministro de Soporte Logístico para la realización de actividades municipales”, lo que contraviene los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, previstos en los artículos 3° y 5° de la mencionada ley N° 18.575, y 7° de la citada ley N° 19.880.

Además, el organismo contralor determinó que hubo errores de imputación contable en los pagos hechos a Ana Ibarra Cádiz. Según se lee en el informe “a través del comprobante de egreso N° 4.040 por $ 10.412.500, el municipio pagó por el arriendo de 35 carpas, en el marco de la licitación denominada “Suministro de Soporte Logístico para la Realización de actividades Municipales” suscrito entre Ana Karina Ibarra Cádiz y la Municipalidad de Recoleta”.  Sobre el particular, Contraloría “determinó que la imputación de este gasto y la respectiva fuente de financiamiento se efectuó a la cuenta “Recursos COVID- 19”, lo que no se ajusta a lo dispuesto a las bases administrativas y técnicas” del contrato de servicios que tenía a la fecha Ibarra Cádiz con Recoleta.

Ministerio Público investigó denuncia por estafa

El año 2013 el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, adjudicó dos contratos por $540 millones en total a nombre de Ana Ibarra Cádiz, por “servicios de producción y desarrollo de eventos para entregar soporte logístico a las actividades municipales a la comunidad de la comuna, y a las actividades protocolares de la alcaldía”.

Esta adjudicación le significó una querella por estafa, dentro de la cual se denunció que hizo inició actividades en servicios de banquetes, bodas y otras celebraciones el 20 de agosto de 2013, y de producción de recitales y otros eventos musicales masivos el 9 de septiembre del mismo año, pocos días antes de la adjudicación del contrato. Lo que acreditaría su ausencia de experiencia previa en la materia.

De acuerdo a antecedentes de la misma causa, “el 3 de enero de 2011, Ana Ibarra, fue contratada por la Dirección de Desarrollo Social de la municipalidad de Puente Alto para realizar “apoyo profesional para el Mideplan en proyectos habitacionales”, con un sueldo mensual de 500 mil pesos, incluido impuesto, entre el 2 de enero y el 30 de abril de ese año, como parte del programa Chile Solidario. Apenas dos años después, el 24 de septiembre de 2013, obtendría su primer contrato por $180 millones con la municipalidad de Recoleta, y un segundo contrato el 12 de diciembre de 2014 por otros $360 millones, totalizando $540 millones”.

Cabe consignar que la querella presentada en contra de Ana Ibarra Cádiz gatilló diligencias e interrogatorios por parte del Ministerio Público, sin perseverar en las diligencias. Con fecha 28 de abril de 2015 se decretó el término de la causa sin formalizar a ninguna persona.

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