Crisis migratoria pone otra vez en jaque al Gobierno y deja en evidencia el fracaso del control fronterizo

Fuertes incidentes en el desalojo de la Plaza Brasil de Iquique dejaron al descubierto una vez más los graves problemas causado por el flujo sin control de migrantes que han colapsado al norte del país.

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Con serios incidentes se desarrolló la mañana de este viernes el desalojo de decenas de inmigrantes desde la Plaza Brasil de Iquique, por parte de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros junto al Equipo de Reacción Táctica de la PDI.

El operativo provocó una fuerte reacción de los afectados, principalmente de origen venezolano, quienes en gran número se negaron a la orden, lo que derivó en enfrentamientos con la policía uniformada que comenzó a llevarse algunas personas detenidas, en medio incluso de golpes con piedras y palos.

La policía uniformada informó de cinco personas detenidas, una de ellas por agresión con un botellazo en la cabeza a un funcionario de la institución.

En el sector había una gran cantidad de carpas en las que se notó que ninguna de las personas que había en ese sector utilizaba baños, además de que muy pocos ocupaban mascarillas.

Personal de Carabineros detalló que cerca de 20 niños y niñas estaban durmiendo en la plaza, cifra que catalogaron como “dinámica” debido a que algunas familias se van y otras llegan.

Además, recalcaron que están “cuidando la integridad física de los migrantes, especialmente en motivos sanitarios e higiénicos”.

El coronel Andrés Arenas explicó que el operativo busca la “recuperación de espacio público” y que “nace de una resolución que emana en julio por parte de la gobernación”. Asimismo, han sido recurrentes las quejas de vecinos del tradicional sector iquiqueño ante el aumento de la criminalidad, lo que ellos atribuyen a los migrantes ilegales instalados en la plaza.

Las personas acampadas han entrado a Chile sobre todo ilegalmente por diversos pasos no habilitados y, por lo mismo, ha sido imposible someter a todos a pruebas diagnósticas de COVID-19. Algunos han sido enviados a centros sanitarios, pero una vez que dejan estos recintos no han tenido un lugar donde ir o quedarse.

En este caso específico, estas personas se habían mantenido por poco ,más de un año en este sector histórico de la ciudad, algunos de forma permanente y otros de forma parcial, siendo reemplazados constantemente por nuevos migrantes que arriban al lugar.

Recurso de protección contra Piñera

En este complejo contexto, el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, presentó este viernes un recurso de protección contra del Presidente Sebastián Piñera, por abandono de deberes ante la crítica situación migratoria que vive el norte del país.

El alto y creciente número de ingresos de personas en forma no oficial o irregular ha sido tolerado, permitido y soportado indebida e irresponsablemente por usted y las autoridades llamadas a controlar este tipo de hechos“, acusó el gobernador.

De forma paralela, denunció que esto “se transforma en ilegal y arbitrario por su obrar y conducta, en este caso, al no asumir como es debido de un Estado de Derecho, las funciones y atribuciones que posee”.

Agregó que “hoy en día y ante estas circunstancias se priva a todos los habitantes de la región de un derecho legal, legítimo, irrenunciable e inalienable, como es el de vivir en paz, con las garantías constitucionales de respeto y cuidado de la integridad física y psíquica de cada uno”.

Carvajal, también culpó de la crisis a los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de Defensa, Baldo Prokurica; al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; y al jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio.

Asimismo, adelantó que la situación “no va a terminar en los próximos meses (…) Vamos a seguir teniendo un ingreso importante de venezolanos (…) que el Presidente reconozca que no tenemos capacidad de recibir y albergar”, insistió, junto con afirmar que su actuar vulnera acuerdos internacionales.

Cabe recordar que esta semana el Gobierno anunció que retomará las expulsiones de extranjeros, a pesar de un fallo de la Corte Suprema, que en junio rechazó este proceder.

Delgado justifica desalojo

El desalojo de estos lugares tiene que ver con que no está permitido utilizar los espacios públicos que tienen fines de esparcimiento, de recreación, para poder poner viviendas transitorias“, manifestó en tanto el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien recalcó que “esto fue un trabajo que hizo la delegación presidencial con ellos durante mucho tiempo. Por lo tanto, el desalojo es algo que se había advertido y hoy se está cumpliendo“, haciendo hincapié en que hay albergues que se han habilitado en el marco de la pandemia.

Asimismo, explicó que “en las últimas 48 horas hemos tenido un menor flujo de ingreso de personas por la zona de Colchane, porque reforzamos los puntos de avistamiento y de control” con personal del Ejército en la fronteriza localidad del norte, tras la publicación del Decreto 265.

Consultado por las acciones legales del gobernador de Tarapacá emprendió en contra del Presidente Sebastián Piñera por la “crisis migratoria” en la región, evitó profundizar en el tema al señalar que desconocía el fondo de la presentación, “pero lo que conozco y he conversado con él es una colaboración mutua para sacar adelante un problema país”.

Por otra parte, el secretario de Estado sostuvo que “lo que ocurre con las personas que están usando los espacios públicos, como las plazas, no solamente en Iquique basta con recorrer distintas ciudades de Chile, la Región Metropolitana por cierto, las playas u otros lugares, tiene que ver con la informalidad administrativa con la que se encuentran“.

Al respecto indicó también que “cuando ingresan a Chile y alguien les promete tener trabajo, una vivienda al otro día, los están engañando, porque esas bandas criminales le están cobrando US$100 o US$200 y no les dicen que no van a tener muchas veces la posibilidad de un arriendo y terminan viviendo en esos espacios públicos o pagando un subarriendo abusivo“.

Defensora de la Niñez también anuncia acciones legales

Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, también anunció acciones legales para que el Gobierno aborde la crisis migratoria en el norte de Chile, particularmente en relación a los niños, niñas y adolescentes.

A través de un video difundido en redes sociales, la representante del organismo afirmó que “la crisis migratoria que se enfrenta a nivel mundial y que obviamente afecta a Chile deja de manifiesto un problema humanitario, que no ha sido resuelto por el poder Ejecutivo“.

“Desde hace meses, como Defensoría de la Niñez, estamos pidiendo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente a la Gobernación, a la Intendencia, a la Subsecretaría de la Niñez en la zona, que se adopten medidas para poder asegurar el bienestar de aquellos niños, niñas y adolescentes  que están en las plazas públicas de Iquique, deambulando por esas calles sin tener una respuesta de un Estado que ha comprometido humanidad en virtud delos tratados internacionales que ha ratificado”, agregó.

¿Cuál es la única vía y la única solución? Una respuesta del Estado a través del ejercicio policial, que, además, de acuerdo a los antecedentes que estamos recabando, ha sido violento respecto de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad“, dijo sobre lo ocurrido durante este viernes en Iquique.

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