Contraloría señaló su preocupación por situación en la Macrozona Sur pero reafirmó su rechazo a decreto para autorizar acción de las FFAA

"el último día de vigencia del Estado de excepción constitucional, que permitía la acción de las FFAA en sectores de La Araucanía, el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, la Contraloría al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo", explicó.

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Tras las reacciones del Gobierno expresadas por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el coordinador de seguridad para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, la Contraloría emitió un comunicado de prensa en el que reafirmó su posición y su decisión, que señaló como apegada a la legalidad vigente.

Así, señala en el escrito que “la Contraloría General de la República está preocupada por la situación que se vive en la Macrozona sur del país, y por lo mismo, empatiza con las personas que viven, trabajan y transitan por dicho territorio“, señala el escrito en su primer párrafo.

Lo anterior no obsta a que, en “el último día de vigencia del Estado de excepción constitucional, que permitía la acción de las Fuerzas Armadas en sectores de La Araucanía, el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, la Contraloría al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo”.

“Respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la zona norte, el Decreto 265 —tomado razón con alcance el 6 de agosto de 2019— establece la colaboración militar única y exclusivamente en la frontera frente a amenazas externas. Por el contrario, el Decreto 249 buscaba autorizar la acción de las Fuerzas Armadas explícitamente en labores de prevención de delitos y control del orden público en provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía”, explica, reforzando un punto que ya hizo presente ayer.

La declaración culmina recalcando que “el rol de la Contraloría es verificar el apego de los órganos de la Administración del Estado a la legalidad vigente, mientras que la responsabilidad de garantizar el orden público en el país corresponde al Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco legal”.

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