Luego que este lunes fuera a dado a conocer el esperado y remozado programa de gobierno del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en la parte sobre seguridad ciudadana, y prevención del delito, éste plantea la refundación de las policías, especialmente de Carabineros, y la instauración de un nuevo Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana.

En su página 209, el programa del actual diputado indica que “las graves violaciones de DDHH durante el estallido social son una muestra más de las debilidades en seguridad ciudadana y de los excesivos niveles de autonomía que tienen ambas policías, pero especialmente Carabineros de Chile”.

En cuanto a la construcción de una “policía democrática”, se requiere de cambios estructurales en el sector, por lo que “para avanzar en estas medidas se requiere realizar una rápida pero profunda revisión del gasto público en seguridad, que hoy involucra a múltiples actores institucionales que terminan fortaleciendo la concentración de respuestas públicas en algunos sectores, dejando prácticamente sin presencia policial o de iniciativas de prevención a la mayoría de los territorios donde se concentra la inseguridad”.

“Vamos a transformar la prioridad de la seguridad para proteger a las personas que más la necesitan. Casi 3 millones de chilenos y chilenas sienten balaceras todo el tiempo en sus barrios. Concentrada en territorios específicos, la violencia ha crecido y requiere de una respuesta frontal y coordinada del Estado que ponga como su prioridad la lucha contra las organizaciones criminales, identifique espacios de posible corrupción o ineficiencia institucional, consolide una mayor  eficiencia en la investigación criminal y fortalezca el énfasis en la lucha contra el lavado de activos como mecanismo de consolidación del crimen organizado. En los territorios donde hoy se concentran estas actividades criminales, invertiremos para que el Gobierno se haga presente con mejor educación, salud y capacidades laborales y recreativas para niños, niñas y adolescentes”, señala el documento.

En cuanto a la construcción de una ciudad inclusiva, el programa de Boric señala que se “requiere de una nueva forma de entender nuestra relación con el entorno y la necesidad de redistribuir los beneficios de la vida en común. Para eso se apoyará de forma permanente a los municipios para el desarrollo de cultura, innovación y recreación en aquellos sectores donde más se requieran. Se apoyará también estrategias colaborativas de desarrollo de espacios públicos de calidad”.

Los siguientes son los lineamientos del programa de Boric respecto a la seguridad ciudadana y prevención del delito:

1. Nueva Institucionalidad. Urge despejar las labores políticas de Interior, pero también concentrar la organización y gestión del sistema de seguridad en una cartera técnica que pueda garantizar el control del orden público, recibir información de inteligencia y supervisar el camino de la seguridad desde la prevención hasta la reinserción. Por ello, y como corrección de la utilización política de la gestión del delito, proponemos la creación del Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Serán dependientes de este Ministerio las policías, Agencia Nacional de Inteligencia, Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, Programas de Prevención del delito, SENDA. En particular:

Los Gobiernos Regionales tendrán a su cargo la elaboración de los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana (PRSC), en coordinación con los gobiernos locales, y sus respectivos Planes Comunales de Seguridad Pública.

Transferencia de potestades relativas a seguridad pública y ciudadana de los Delegados Presidenciales al Gobernador Regional.

Modificaciones a la Ley 20.965 para ampliar las facultades de las alcaldías para la gestión de la seguridad ciudadana.

Redefinir las métricas utilizadas para la identificación de los territorios donde se invertirá prioritariamente en iniciativas preventivas y de control.

Eliminación de la concursabilidad de aquellos fondos destinados al financiamiento de la seguridad ciudadana local y trabajo con los municipios para la generación de estructuras de financiamiento rigurosas y basadas en necesidad.

Fortalecimiento y financiamiento de la unidad de mediación comunitaria que despliegue capacidades a escala regional y local y apoye a la ciudadanía en la prevención y gestión de conflictos vecinales y comunitarios.

Incorporación de criterios de seguridad en los planes, la política e infraestructura urbana para la prevención situacional del delito y la violencia contra de las mujeres y/o motivadas por cuestiones de género.

2. Refundación de las policías.

Para alcanzar la condición de seguridad deseable se desarrollará una refundación de las policías de manera progresiva y tendrá como ejes estructurantes: el control civil sobre la actividad policial; la descentralización de las políticas de prevención, otorgando más atribuciones a los gobernadores y alcaldes; el fin de la duplicidad de funciones entre cuerpos policiales, de la estructura militarizada y de la autonomía institucional con que gozan en la práctica.

En todo caso, es menester para avanzar hacia igualdad intra y entre cuerpos del Estado el establecimiento de un escalafón único, en el que los techos de crecimiento en la carrera profesional de policías no varíen en función de la capacidad de pago, sino que del mérito funcionario. La carrera funcionaria de sus integrantes debe apuntar a su desarrollo en su institución regional, pero debe estar considerada la opción de un cambio de ésta, así como la posibilidad de postular a las otras dos instituciones policiales del país. Deben instituirse incentivos que apunten al perfeccionamiento permanente de sus integrantes.

Para evitar diferencias en el estándar de los cuerpos policiales, los procesos de formación para todas las instituciones dependerán del Gobierno central y estarán diferenciadas según sus funciones, no obstante, existirán planes conjuntos, como el de DD.HH, que aseguren que todo el personal operativo cuenta con un estándar único.

La implementación de la refundación será gradual, estimando un plazo de 10 años en el que se tomará como base a las policías ya existentes. Carabineros y PDI atravesarán un proceso de reforma, basado en reeducación general para una adaptación paulatina y armónica.

3. Crimen Organizado.

El crimen organizado es un fenómeno complejo, potenciado por la exclusión social y ausencia de derechos. Comprende acciones como el narcotráfico, el comercio sexual precario, la trata de personas, el tráfico de armas, entre otros y que por lo tanto requiere de una nueva estrategia alejada de la noción de la “guerra contra las drogas” basada exclusivamente en la represión. Para eso, se propone:

•  Una política de persecución penal eficiente del narcotráfico, focalizada en la investigación y el desbaratamiento de las grandes bandas que actúan en el país.
• La actualización del sistema de inteligencia del Estado con una nueva arquitectura que permita la integración real de las distintas agencias y unidades de inteligencia bajo el mando y control de una agencia civil con capacidades operativas autónomas.
• El mejoramiento de las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero, integrándola como uno de los actores claves del Sistema de Inteligencia del Estado para perseguir el lavado de activos y cortar el flujo económico del crimen organizado.
• Extender las hipótesis de comiso de especies, para facilitar la persecución económica del negocio del crimen organizado, agregando la posibilidad de decomisar bienes de igual valor al generado por la actividad ilícita (comiso por equivalencia) (i); bienes que no son provecho de la actividad ilícita pero están relacionada con ella (comiso ampliado) (ii) y; el comiso de bienes en los que exista prueba de que se han obtenido por una actividad ilícita a pesar de que no haya una condena (p. ej., porque no hubo dolo o persona es inimputable, llamado comiso sin condena).
• La trata de personas debe ser investigada y priorizada en la lucha contra la criminalidad organizada. Su impacto mundial y regional es evidente y muestra las precariedades institucionales, así como los sesgos de género en su persecución.
• El tráfico de migrantes ha aumentado de forma significativa en América Latina. Enfrentarlo requiere respuestas regionales pero una priorización nacional también, nos  comprometemos a priorizar el trabajo de investigación que permita desbaratar estos mercados ilegales presentes en todo el territorio nacional.

4. Política de Drogas.

Legislaremos una nueva Ley de Drogas que no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios, distinguiendo entre el microtráfico y el tráfico de estupefacientes.

• Junto a lograr una política de persecución penal eficiente del narcotráfico, focalizada en la investigación y el desbaratamiento de grandes bandas que surten drogas en las poblaciones, realizaremos un cambio en la forma de enfrentar el problema del consumo de marihuana, adoptando un enfoque de prevención y reducción del daño. Dado que el consumo problemático de sustancias es un problema de salud pública, y atendiendo los derechos básicos de las personas, facilitaremos el acceso a prestaciones de salud y rehabilitación para dichos consumidores.
• Prevención, tiempo libre, cultura y educación: Programa de oportunidades que provean a la ciudadanía y la opinión pública de información científica, desprejuiciada y con un lenguaje claro. Generando una oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas, que promuevan la integración social y fomenten el desarrollo integral de niños y jóvenes (revisar programas respectivos), con enfoque en reducción de riesgos y control de daños.
•  Se buscará generar mecanismos que reduzcan el espacio del mercado informal de marihuana (narcotráfico). De forma complementaria, generaremos mecanismos integrales de prevención del consumo, como de cesación y rehabilitación, especialmente en la protección de grupos de riesgo, en especial niños, niñas y adolescentes (NNA).
• A partir de la revisión de toda la experiencia internacional, analizaremos cambios a la ley 20.000 para que el consumo recreacional de la cannabis sea legal para mayores de edad. Lo anterior estará acompañado de un marco regulatorio y políticas públicas que, entre otras cosas, fortalezcan los programas de rehabilitación y salud mental y disminuyan el actual consumo de drogas en la población, con especial énfasis en adolescentes.
• Profesionalizar el marco de acción policial en la materia, cualificando al personal y coordinando las tareas de las distintas policías, en el sentido de combinar las distintas dimensiones de aquellas para la identificación y ataque de redes de narcotráfico, que contemple: i) una estrategia para el micro tráfico de drogas a cargo de las policías y gobiernos regionales ii) una estrategia para las macro redes de distribución de drogas en el país a cargo de la Policía Nacional; iii) Una red de trabajo a nivel regional con nuestros países vecinos para el combate de las redes internacionales de tráfico de drogas, también a cargo de la policía.