viernes, abril 26, 2024

La refundación de Carabineros la hace la Convención: “Policías serán instituciones civiles”

La propuesta aprobada establece que "las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución".

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La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó en particular este viernes una norma clave para el desarrollo de las policías del país en la nueva Carta Fundamental: se busca que dejen de ser militarizadas y se conviertan en instituciones civiles.

Lo anterior en el contexto de una jornada en la cual los convencionales terminaron de zanjar lo relativo a normas de probidad, al igual que los capítulos de FF.AA., Carabineros y PDI, y la totalidad de las propuestas sobre Relaciones Exteriores. Así también, se agregó en el texto lo referido a estados de excepción constitucional, que no formaba parte del normado en el documento base.

Las enmiendas relacionadas con acusaciones constitucionales no fueron visadas hoy, por lo que se verán en la sesión fijada para el lunes 18 de abril.

Carabineros como institución civil

Parte del texto aprobado indica que «las policías dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y son instituciones civiles de carácter centralizado«.

Asimismo, se indica que «las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución».

La propuesta contó con el respaldo de convencionales de izquierda y centroizquierda y el rechazo de la derecha. La votación terminó con 19 a favor, seis en contra y la abstención del RN Cristián Monckeberg.

Policía política versus subordinación al poder civil

Sobre su paso al Pleno, la convencional Constanza Schonhaut (CS), una de los 18 autores de la propuesta, destacó que «deja claro que las policías no pueden tener tratamiento o estructura militar«.

«Así mantendrán una estructura jerarquizada, obediente y subordinada al poder civil, pero evitando aplicar una visión militarizada en los debates y políticas sobre seguridad pública. Por ello también, se establece su regulación separada de las fuerzas de armas«, puntualizó la abogada.

Desde la derecha esta aprobación causó bastante molestía, entre ellos de la convencional Marcela Cubillos (UDI), quien aseguró que la indicación «es el fin de Carabinerosde su disciplina y el paso a la policía política, dirigidas por un político; la misma que hay en Venezuela y celebra (Daniel) Jadue».

«La politizan, le quitan su naturaleza independiente, y Carabineros pasa a ser un servicio público más… Igual a Fonasa o Registro Civil», cuestionó la ex ministra de Educación en su cuenta de Twitter.

Fuerzas Armadas

En relación a las Fuerzas Armadas, se aprobó que será el Presidente de la República a quien le corresponde la conducción de la Defensa Nacional, siendo el jefe supremo de las FF.AA., cuyo mando se ejercerá a través del ministerio a cargo de la Defensa Nacional.

Se establece también que estarán integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, instituciones «destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de carácter externo (…). Colaboran con la paz y seguridad internacional, conforme a la Política de Defensa Nacional».

Estas deben incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, además de promover la paridad a la hora de tomar decisiones y actuar con respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. «Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes», según lo respaldado por la comisión.

Asimismo, se determinó que «sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular».

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