Cámara ratificó Acuerdo de Escazú sobre transparencia, participación y justicia ambiental

El ingreso de Chile al acuerdo es una de las prioridades del Gobierno de Gabriel Boric, siendo la primera iniciativa que envió al Congreso, una de sus promesas centrales en la campaña presidencial, y uno de los puntos de mayor divergencia respecto a la previa administración Piñera.

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Foto Prensa Cámara de Diputados.

Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados respaldó el Acuerdo de Escazú.

Se trata del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El ingreso de Chile al mismo se transformó en una de las prioridades del Gobierno de Gabriel Boric, siendo la primera iniciativa que envió al Congreso, una de sus promesas centrales en la campaña presidencial, y uno de los puntos de mayor divergencia respecto a la previa administración Piñera.

El texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional. Se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.

En particular, en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica. A ello se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático. También, el aumento de la resiliencia ante los desastres.

Asimismo, se incluye la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.

De igual modo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales. Particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.

También presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.

Además, dispone que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

El acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de once de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a doce Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

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