La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó esta tarde que la abrupta remoción del jefe de la Defensa Nacional del estado de emergencia en las provincias de Arauco y Biobío, contraalmirante Jorge Parga, por orden del Presidente Gabriel Boric, respondió a un criterio meramente político, a causa de la molestia que generó la designación en la familia de Manuel Rebolledo, joven de 23 años que murió atropellado por un camión de la Armada en Talcahuano en pleno estallido social, cuando escapaba desde el saqueo de un supermercado.

Tras ese incidente, que terminó con la vida de Rebolledo el 21 de octubre de 2019, y en el contexto del proceso judicial que se abrió al respecto, Parga aseguró a la prensa que «la Armada va a defender a sus funcionarios, porque tenemos la convicción de que son inocentes». Sin embargo, el chofer del vehículo militar, el infante de marina Leonardo Medina, fue declarado culpable de cuasidelito de homicidio.

Tras esto, la ministra señaló en un punto de prensa en La Moneda que la remoción de Parga “tiene que ver con nuestro respeto siempre a los Derechos Humanos. Y ante los antecedentes que pone la familia de Rebolledo, consideramos que era importante actuar rápidamente y hacer esta modificación y el Presidente así lo ha establecido”.

“Se tomaron los antecedentes y se actuó rápidamente para un cambio en la conducción de lo que va a ser el despliegue de este estado de protección en las rutas”, añadió.

«Ante los antecedentes que puso la familia Rebolledo consideramos que es importante actuar rápidamente y hacer esta modificación. El Presidente así lo ha establecido», declaró Vallejo.

Al respecto precisó que “aquí ha habido incluso una comunicación desde el Presidente con la familia, justamente para poder conversar y resolver. Y nos parece que era importante atender a este reclamo y las señales en estos momentos también son súper importantes, y así lo entiende el Presidente y por eso procedió a actuar”.

Finalmente, reconoció que “no se había advertido antes y conocido el antecedente, se procedió a actuar”, agregando que es “responsabilidad del Gobierno en general y el Gobierno toma antecedente de esto, se comunica con la familia y resuelve”.