Durante la lectura de la su cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric hizo especial hincapié en la relación entre el Estado con los pueblos indígenas.
En ese sentido, recalcó que «el respeto, el reconocimiento, la defensa y promoción de la identidad y diversidad cultural son componentes fundamentales de toda democracia. Debemos consolidar una nueva relación entre pueblos, una relación intercultural fundada en el respeto y el entendimiento mutuo que fortalezca el pluralismo».
Al respecto, destacó que «el único camino para iniciar la superación de los conflictos es generar acuerdos que respondan adecuadamente a las deudas históricas del Estado con los pueblos indígenas», adelantando que «impulsaremos parlamentos territoriales que reconozcan a las autoridades e instituciones propias, respetando protocolos indígenas y siguiendo estándares internacionales, con el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas».
Restitución de tierras
Seguidamente, el Mandatario sostuvo que «la restitución de las tierras es una de las demandas más sentidas por los pueblos indígenas. En el marco del Plan Buen Vivir, hemos duplicado el presupuesto en comparación con el total ejecutado el año 2021. Estamos diseñando, con responsabilidad, una propuesta que nos permita resolver esta situación y que involucre a todos los actores de la zona«.
Asimismo, explicó que «la política de restitución de tierras debe también contemplar la habitabilidad y conectividad, agua y luz, el equipamiento y las obras que permitan a las comunidades desarrollar las actividades económicas necesarias para la subsistencia».
Junto con enumerar una serie de medidas aplicadas a lo largo y ancho del país en beneficio de las comunidades de pueblos originarios, el Jefe de Estado recordó en especial su compromiso «por recuperar y actualizar el tratado de voluntades suscrito por el Estado chileno y el pueblo Rapa Nui en 1888«, como también que en el curso de su Gobierno se conmemorarán 200 años de la celebración del Parlamento de Tapihue entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche, celebrado en 1825.
«Tengo la convicción de que el ejemplo de los antiguos parlamentos puede guiar nuestro nuevo esfuerzo por lograr un entendimiento profundo entre la República y los pueblos que la habitan, y no cejaré en esfuerzos para avanzar por este camino. Sé que no es primera vez que se intenta y que después de tanto tiempo existe una legítima desconfianza. Por ello debemos ser conscientes de que este entendimiento tomará tiempo», indicó.
Ministerio de Pueblos Indígenas
El Presidente detalló además que «para fortalecer la institucionalidad, indicaremos y reactivaremos la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, cartera que tendrá por mandato diseñar y coordinar la política pública desde el Estado que responda a demandas de los pueblos y el avance de derechos culturales».
«Construir confianzas, y avanzar hacia resolver el conflicto por las tierras, requiere una perspectiva más amplia de reconocimiento de derechos sociopolíticos, culturales y lingüísticos», señaló también.
«La vía para lograrlo es el diálogo, la observancia de la ley, el respeto bidireccional y el Estado de Derecho que, como Presidente, tengo el deber de hacer valer. Sé que el equilibrio es desafiante y la tarea compleja e importante, me comprometo a dar lo mejor de nosotros para construir una cultura de paz», acotó.
Violencia rural y Macrozona Sur
El Jefe de Estado igualmente abordó en otra parte de su discurso la temática de seguridad, indicando que «en el caso de la violencia rural, reformularemos el Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural que entrega subsidios de reposición económica a quienes hayan visto afectadas sus actividades productivas y/o comerciales y brinda apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos».
No pudo dejar de hacer referencia, sin embargo, a la crisis que se vive en la Macrozona Sur, mencionando que, «desgraciadamente, producto del aumento de graves atentados (incluso con pérdida de vidas) y cortes de ruta que ponían en riesgo el libre desplazamiento y abastecimiento, hemos decidido decretar Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco», recalcando a continuación que «estoy consciente que esta medida no resuelve el problema de fondo, el cual estamos abordando mediante una política integral de compra de tierras y reconocimiento antes detallada, pero como Presidente de la República tengo el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas para garantizar la seguridad de la población.»
