Este martes se sorteó quienes serán los integrantes de la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quedando compuesta por mayoría opositora.
De esta forma, la instancia legislativa estará integrada por las diputadas Marcela Hernando (Partido Radical), Alejandro Bernales (Partido Liberal) y Carlos Bianchi (Indep-PPD), mientras que el oficialismo tendrá a Joanna Pérez (Demócrata) y Luis Sánchez (Republicanos).
Esta jornada se dio cuenta de la presentación de la AC contra el jefe de la billetera fiscal impulsada por Republicanos y Libertarios, quienes apuntan a Grau de infringir la Constitución y las leyes, específicamente en el manejo fiscal de las finanzas públicas durante el ejercicio de su cargo.
Grau es apuntado por los diputados de los partidos más conservadores de pasar a llevar las normas que regulan la administración financiera del Estado, la programación financiera, el control financiero y los deberes de dirección superior que el ordenamiento jurídico radica en quien ejerce la conducción superior de las finanzas públicas de la República.
La acusación indica que el exministro conocía o, al menos, debía conocer -en razón de su cargo- las advertencias técnicas formales y reiteradas del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional y de la Dirección de Presupuestos., pero pese a esto, habría mantenido las proyecciones cuestionadas.
Capítulos del líbelo
El primer capítulo lo acusa de infringir el artículo 8° de la Constitución Política, por la entrega de información fiscal inconsistente en vulneración de los deberes de probidad, transparencia e integridad en la gestión financiera del Estado.
El segundo, por la infracción del artículo 3º del Decreto Ley 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulneración de los principios de unidad y coordinación que rigen la dicha administración financiera.
El tercer capítulo, a su vez, acusa a Grau de infringir el artículo 4° del citado decreto ley, por omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes en contravención al principio de universalidad presupuestaria.
El cuarto capítulo, en tanto, se refiere a la infracción al artículo 5° del mismo decreto, por vulnerar el deber de consistencia y coherencia de la programación financiera del Estado.
Luego de la presentación, comienza a regir el plazo de tres días para que la Cámara notifique a Grau y una vez hecho este trámite, el acusado tendrá 10 días para concurrir a la comisión encargada de la AC para presentar la contestación a la acusación.
Posteriormente, la sala tendrá un plazo de seis días para revisar el libelo y pronunciarse sobre este, entregando la recomendación a la sala que deberá votar.